La alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, quiere que la concesionaria del abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales del municipio FCC- Aqualia cumpla con sus compromisos de inversión por lo que encargó a los servicios de Secretaría una propuesta, para llevar al próximo pleno, para abrir un expediente a la empresa por incumplimiento del contrato en las obras a ejecutar. Cuando se firmó el contrato en 2004, la empresa estaba obligada a invertir 3,1 millones de euros en mejoras, de acuerdo a la oferta con la que ganó el concurso. De esa cantidad, el Concello tiene reconocidas obras por importe de 1,4, aunque la empresa difiere de esta cantidad y ha solicitado que se reconozcan otros 750.000 euros, por lo que faltarían por invertir alrededor de un millón de euros.
La propuesta de abrir un expediente a la concesionaria que podría conllevar la rescisión del contrato, se enmarca dentro del malestar con la empresa después de que en septiembre solicitara la revisión del coste de la explotación, en un 40%, lo que implicaría una subida de las tarifas. La solicitud de subida fue rechazada, primero por carta por la alcaldesa a la concesionaria, y oficialmente en el último pleno, a través de una moción aprobada por el gobierno BNG-PSOE y el edil independiente, Javier Carro.
Para la subida del precio, la concesionaria tenía como referencia la fecha de cuando el Concello de Moaña aprobó la concesión de la explotación, en septiembre de 2004 y como valores finales los últimos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2013. La empresa informaba en su escrito que se hizo cargo del abastecimiento, saneamiento y depuración desde el 1 de octubre de 2004, pero el Concello hizo caso omiso a las solicitudes, de revisión del coste unitario del servicio desde agosto de 2006. Todas estas peticiones fueron desatendidas por el Concello", hacía constar en su escrito. La alcaldesa aseguraba que en esta última petición, Aqualia solicitaba un aumento del precio del 40%. La intención de Santos fue consensuar una moción con todos los grupos de la corporación para rechazarla. pero no contó con el apoyo del PP que en el pleno no entró en votación, aunque en el debate y cuando desde el gobierno local ya se planteó la posibilidad de abrir un expediente a la empresa, se mostró a favor.
El contrato para la concesión del servicio integral del agua se aprobó en 2004 siendo alcalde, el nacionalista Xosé Manuel Millán, con una vigencia de 25 años hasta 2029. La empresa era entonces Aqualia Gestión Integral del Agua.
En la cláusula segunda de dicho contrato, consta que la concesionaria queda obligada a la prestación del servicio objeto de la concesión de acuerdo con la propuesta de gestión que dio pie a la adjudicación y a realizar las inversiones previstas por importe de 3.174.920 euros. En la cláusula novena también figura que la empresa deberá ejecutar las mejoras ofertadas de 3,1 millones de euros, "con anterioridade ao terceiro ano da sinatura do contrato". Así recogía inversiones de 634.084 euros entre 2004 y 2005; de 952.476 entre 2005 y 2006 y de 1,5 millones entre 2006 y 2007. El contrato establecía que las obras podrían ser, a instancia del Concello, sustituidas en el caso de que estuviesen ya proyectadas por otras administraciones.
Cuando la empresa presentó en septiembre pasado la revisión de precios, el primer escrito de contestación de la alcaldesa fue recordarle a la concesionaria las cláusulas del contrato en las que estaba obligada a invertir 3,1 millones de euros. Fue cuando les informó que sólo estaban reconocidos 1,4 millones, aunque la empresa respondió que se debían de reconocer también las obras de reforma del saneamiento de Carballido-San Lorenzo y la conexión, por importe de 749.700 euros.
