Los flecos de la resolución del contrato que unía al Concello de Cangas con empresa encargada de realizar los trabajos del Plan Xeral de Cangas, Consultora Galega, quedaron atados y plasmados en una resolución, adoptada por mutuo acuerdo, que fue aprobada por la junta de gobierno local a finales de año.
Cabe destacar que en la resolución se hace mención a que "non concorre causa de resolución imputable ao contratista e que existe razón de interese público que fan inconveninte a permanencia do contrato, tal e como consta na proposta de data de 23 de outobro de 2015".
El acuerdo alcanzado obliga al Concello de Cangas a devolver las garantías depositadas en la tesorería municipal: aval bancario de Caixanova, por un importe de 9.796 euros; aval bancario de Caixnavoa, de 11 de agosto de 2009, por un importe de 5.080 euros; aval bancario de Caixanova del 10 de diciembre de 2010, por importe de 1.522,48 euros y aval bancario de Novagalicia Banco, de fecha de 17 de julio de 2012, por un importe de 840 euros. El Concello de Cangas abonará a Consultora Galega el 10% del precio de los trabajos pendiente de realizar en concepto de beneficio dejado de obtener (el denominado lucro cesante) , lo que supone un total de 14.154,95 euros. Consultora Galega tuvo que entregar al Concello todos los trabajos realizados en ejecución de contrato de consultoría y asistencia para la redacción del Plan Xeral y archivos abiertos.
El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, anunciaba ayer que los técnicos municipales trabajan ahora en la elaboración de un pliego de condiciones para sacar a concurso el trabajo pendiente de Consutora Galega, que había dejado preparado el Plan Xeral para que el anterior gobierno lo presentase a pleno para su aprobación inicial. Sin embargo, ni el Partido Popular ni Nardo Faro Lagoa, que en aquel momento gobernaban Cangas mediante un pacto no quisieron llevar el documento nunca al pleno. Se optó por dar largas, incluso después de que la empresa modificase el ancho de las vías y otras cuestiones que fueron consensuadas con la oposición municipal.
Ahora se corre el riesgo de que lafutura empresa tenga que hacer frente a una adaptación del plan de una nueva Ley del Suelo, lo que supondría más costes para el Concello de Cangas, ya que además del trabajo pendiente quedaría el de adaptación a las nuevas normas, que siempre supone un dinero extra para los concellos. En estas circunstancias no será fácil encontrar empresas que quieran continuar el trabajo de Consusltora Galega. Además habrá que ver el importe por el que sale a concurso la terminación de los trabajos de redacción del Plan Xeral de Cangas, un plan que parece que no tiene fin y que no fue capaz de sacar adelante en doce años, ni con mayorías absolutas ni con gobiernos de coalición. Una cosa está clara: sacar adelante un Plan Xeral forma parte de los acuerdos de gobierno.
