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Un trámite que acarrea multas coercitivas

El alcalde fue advertido de una sanción de 300 euros a los pocos días de acceder al cargo

Hormigonera de A Portela.

En el mes de junio, días después de que el alcalde Xosé Manuel Pazos tomara posesión de su cargo, una carta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra en la que advertía de una sanción de 300 euros por la inejecución e la sentencia que obliga al derribo de la planta de hormigón de A Portela.

Si que es cierto que el Concello de Cangas aprobó ya de forma definitiva la modificación puntual, tras los correspondientes informes a favor de la Xunta de Galicia, de las Normas Subsidiarias para legalizar la zona industrial donde se encuentran varias naves, entre ellas también figura la planta de hormigón.

El tiempo se acaba. Tanto en este caso como en el de los edificios declarados ilegales de la calle Noria, la justicia pide la intervención municipal ya. Mientras tanto, la administración local hace lo que puede para evitar los derribos agotando plazos y modificando proyectos, todo dentro de la legalidad. El derribo de la planta de hormigón de A Portela fue consecuencia de la acción judicial emprendida por una asociación de vecinos, como consecuencia del ruido y el polvo que la instalación generaba.

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