Vecinos del edificio Pintos de Bueu, agrupados bajo la plataforma conocida como "la Lona de la vergüenza de Bueu" y que se ven afectados por una orden derribo, siguen los contactos con otros colectivos estatales que luchan contra los abusos urbanísticos como el caso de la Asociación de Almería AUAN, con cuyo representante y abogado, Gerardo Vázquez, mantuvieron un encuentro de trabajo el pasado miércoles en la villa buenense en el que participó el abogado de los vecinos, Antonio Cascante y el representante de los vecinos, José María Alén. En este encuentro se acordó la organización de unas jornadas, a finales de febrero o principios de marzo,dirigida a abogados, magistrados, registradores, notarios, alcaldes, políticos y profesionales vinculados al urbanismo, donde expertos en diferentes ámbitos de la legislación expongan y debatan las consecuencias de la reciente modificación del artículo 108.3 de la Ley de lo contencioso-administrativo que ha permitido la suspensión cautelar de la orden de desalojo y derribo de este edificio. La modificación establece que no se puede proceder a la demolición y reposición de la legalidad urbanística si previamente no hay garantías para responder al pago de indemnizaciones a terceros que actuaron de buena fe, como son los que compraron viviendas sin que se les advirtiesen de las cargas.
En las jornadas, tal y como señala Alén, también se abordarán retos que quedan para dotar al Estado de la seguridad jurídica y protección a los ciudadanos compradores de buena fe de bienes inmuebles. Por parte de los vecinos afectados se expondrá el drama, dice Alén, al que se ven sometidos por comprar una vivienda acorde con las normas establecidas en los cauces legales que el Estado fija para el mercado inmobiliario "y que se ve arrollada por una situación posterior de ilegalización y derribo en sentencias en las que condenan las infracciones urbanísticas cometidas por otros y que recaen en los propietarios que no las han cometido ni de las que se han podido defender".
Situación del inmueble
José María Alén, asegura que Gerardo Vázquez les trasladó el apoyo y solidaridad de la asociación a la que representa, así como de las asociaciones AMA de Cantabria, AUN de Valencia y la Confederación andaluza CALU, todas ellas destinadas a la defensa de los afectados por abusos urbanísticos "y que hacen piña con los vecinos de Bueu". Hay que recordar que en noviembre pasado también recibieron un comunicado de apoyo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras ponerse los vecinos en contacto con ella como líder de la campaña contra los desahucios.
En estos momentos, el derribo o reposición de la legalidad urbanística del edificio Pintos de Bueu está suspendido cautelarmente, como también la orden de desalojo que había establecido el Concello para el 2 de noviembre, en base a tres procedimientos jurídicos. El primero de ellos, por el recurso que presentó la comunidad de propietarios en el juzgado número 2 de Pontevedra argumentado en el cambio del artículo 108.3 y que fue admitido por la jueza. El segundo, por el recurso presentado por el Concello de Bueu ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el tercer incidente de inejecución por el de casación que presentó una vecina ante el Supremo. La suspensión cautelar estará en vigor mientras no haya sentencias.
Tras el encuentro con Cascante y Alén, Gerardo Vázquez se desplazó al edificio Pintos para conocer "in situ" el problema y mostró su "extrañeza" del riesgo de demolición dada la aparente escasa entidad del problema urbanístico que se trata. Hay que recordar que la orden de reposición de la legalidad se debe sólo a 90 centímetros que faltan de retranqueo con la acera de un camino lateral. Vázquez Se reunió con los propietarios donde pudo conocer de primera mano el temor con el que cada día conviven: "No se entiende cómo no se ha resuelto hace muchos años, provocando que los vecinos tengan que pasar por esta clase de calvarios sin tener culpa y más aún teniendo en cuenta que lo llevan viviendo 25 años y en una edificación que está claramente en el núcleo urbano de la localidad".
La jornada terminó con una toma de contacto, inicialmente telefónico, con los representantes locales del PP, Berta Pérez; y del PSOE, José Vilas, con quien se mantuvo una reunión posterior.
El objetivo de estas tomas de contacto es promover desde diferentes partes de España cambios legislativos que permitan garantizar a los compradores la información necesaria para verse protegidos en la compra de viviendas realizadas ante notario y registradores de la propiedad y que ahora un procedimiento administrativo o judicial termina convirtiendo en papel mojado: "No puede ser que comprar ante un notario en España tenga la misma seguridad que hacerlo ante un top-manta. Es algo que los notarios y registradores estarán interesados en remediar", dice una afectada. Alén señala que en estos momentos podría haber un millón de viviendas ilegales en España, muchas de ellas adquiridas por terceros que actuaron de buena fe "y que no tienen la culpa ni deben sufrir los excesos del boom urbanístico.
