"Es complicado calcular si el dinero que debe pagar el Sergas es mucho o poco, porque la pérdida de salud no se paga con dinero", reflexiona Joaquín Molanes, el padre de Andrea, la joven canguesa que estuvo a punto de morir ahogada en la Praia dos Alemáns, en mayo de 2010, y que permaneció 78 días en coma. La condena a indemnizar a Andrea con 417.269 euros impuesta a la Consellería de Sanidade por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Pontevedra supone "un colchón económico para sobrevivir" en su quehacer diario, pues la chica "no podrá trabajar ni valerse por sí misma en muchas tareas", aunque su familia elude especular si la cuantía es suficiente o si la recurrirán ante instancia superiores. "Aún lo tienen que valorar nuestros abogados", explica Joaquín, y la decisión también dependerá de lo que haga la Consellería, que ayer se limitó a manifestar que "no comenta las sentencias judiciales, las acata".
Andrea, que pasó largas temporadas internada en un centro de atención en Bergondo (A Coruña) y ahora está siendo tratada en Vigo por la asociación Alento -una entidad sin ánimo de lucro y de iniciativa social formada por personas afectadas por un daño cerebral adquirido, sus familias, voluntarios, colaboradores y profesionales-, regresa a Cangas todas las tardes para estar con sus progenitores. De lunes a viernes con su madre, a la que este periódico no pudo localizar ayer para conocer su opinión sobre la sentencia.
"Graves negligencias"
Joaquín asegura que toda la familia confiaba en ganar el pleito, pues tienen claro que se produjeron "importantes negligencias" en los servicios de asistencia médica que fueron determinantes en el empeoramiento de la salud de Andrea y en las secuelas que padece. "La ambulancia llegó tarde y a la playa equivocada. Confundieron la de Os Alemáns con la de Canabal, que tienen accesos distintos", rememora, e insiste en que hay argumentos para exigir al Sergas que pague "la máxima cuantía, como sucedió en otros casos similares en España", porque la afectada necesitará de por vida "tener alguien a su lado" y seguir en tratamiento por las secuelas del accidente.
Actualmente, Andrea está conectada a un desfibrilador automático y necesita atención constante de cuidadores y familia, pues tiene reconocida una discapacidad del 95%. "Lo que pasó con mi hija no puede volver a suceder", recalca su padre, que esperará a que los abogados valoren la sentencia y las posibilidades de recurso antes de tomar una determinación.
