A pesar de las reiteradas demandas de la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos (AGAA) para regular la venta en los mercadillos y exigir a los Concellos que hagan cumplir la normativa, un alto porcentaje de puestos carece de las licencias municipales a la vista del público, lo que ha llevado al colectivo que preside Francisco Romero Alvite a solicitar informes policiales que acrediten el número de instalaciones que se ubican en la vía pública y cuántas de ellas "exhiben publicamente, durante todo o tempo de venda, a obrigatoria autorización municipal".

Alvite, que estuvo esta semana en el Concello de Cangas para indagar por la demora en la elaboración del informe policial, señala que esa información tiene un gran valor para el colectivo porque le servirá de base para "utilizala no exercicio de calquera tipo de demanda ou reclamación" contra los supuestos infractores y en defensa de los comerciantes que "están legalmente autorizados e que sufren de cotío coa presenza de vendedores intruso-sangüijuelas", que pretende aproveitarse de o seu traballo e mais do seu escaso sustento económico", recalca.

El presidente de AGAA insiste en que el Concello debe velar y garantizar la situación de legalidad de los titulares de los puestos, y para ello es obligatorio tener expuesta al público la tarjeta que lo acredite. Alvite ha dirigido el mismo escrito a los alcaldes de medio centenar de municipios gallegos que acogen mercadillos, aunque en el caso de Cangas se ha "desviado" al concejal delegado, un proceder que ha provocado su "decepción e indignación". "Quen ten que velar por iso non é o concelleiro delegado de mercados, de AspUn, senón o alcalde ou o edil de Policía", que es el propio regidor. "A Policía Local é a que debe velar polo cumprimento das ordenanzas, e cremos que están dando largas".

Con los informes de los concellos a los que ha demandado esa información, la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos hará una "actuación global" en defensa de los intereses del colectivo, que pasa por exigir el cumplimiento de la normativa y denunciar a los que no se ajusten a ella.