El conflicto por el dominio público marítimo terrestre en Moaña sigue sin resolverse pasados dos años de la reforma de la Ley de Costas en la que se aprobó la exclusión de la zona de afección, de dos amplias zonas en el frente marítimo del casco urbano, en donde se encuentra el emblemático edificio Salitre, con una treinta de viviendas, que estaban amenazadas por la picota. A día de hoy, la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente sigue siendo la misma y es que falta todavía la resolución de la orden ministerial que formalice dicha exclusión. Tan sólo se añade como novedad que "nuestra intención es que esté para finales de año".

En el anexo de la reforma de la Ley de Costas de mayo de 2013, Moaña figuraba en la relación de doce núcleos de toda España indultados con la exclusión del dominio público. Aquello supuso todo un logro en la lucha que desde hacía más de diez años llevaban a cabo los vecinos afectados -al menos unas 200 familias- de las zonas comprendidas entre la Casa del Mar y el edificio Salitre y detrás de los colegios de Reibón de Seara en donde también hay tres edificios afectados además de otros inmuebles y fincas, en una afección muy polémica motivada a una arbitraria línea del deslinde marítimo terrestre que salvaba edificios lindantes con estos afectados, incluso alguno que está delante de una vivienda que, sin embargo, sí está afectada. Aquella gestión fue del alcalde entonces, José Fervenza (PP) a través de una enmienda que presentó el grupo popular en el Senado liderada por el senador Enrique López Veiga y que puso de relieve el papel destacado que puede tener el Senado a la hora de resolver conflictos como el de Moaña.

La aprobación de la reforma fue celebrada por los vecinos de Moaña aunque con sus dudas y alguno de ellos sigue manteniendo el cartel en el que pide solución a Costas alegando que lo conservaría mientras no tuviera dicha solución por escrito en la mano que tendrá que venir definitivamente a través de esa orden ministerial.

Pese a que todavía no está aprobada dicha orden, los vecinos afectados sí pudieron empezar a dar de alta sus viviendas en el Registro de la Propiedad, como dueños ya no como concesionarios, y se pudieron hacer obras como alguna reforma, incluso la prolongación del paseo marítimo de Seara. De todas formas, los titulares de bienes en concesión en esta zona se negaron con el cambio de gobierno a que se ocupen sus fincas mientras no se les clarifique en que situación quedarán sus fincas porque se les había prometido que con la reforma de Costas iban a ser solares en propiedad.