Los afectados por la demolición del edificio Pintos en Bueu han extendido el campo de batalla para defender sus derechos a la superficie digital. Los vecinos del inmueble, sobre el que pesa una orden de demolición, han abierto una recogida de firmas en la plataforma Change.org en la que reclaman al Concello de Bueu que pida perdón e indemnice a las 19 familias del edificio "antes de demoler y ponerlos en la calle". La petición fue abierta el sábado y en apenas 24 horas ya ha conseguido 307 de las 500 firmas que quiere reunir para que acompañen su escrito. Los destinatarios del escrito serían el propio Concello de Bueu, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la sala número 2 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra y el Defensor del Pueblo.

El texto en el que se fundamenta la petición recoge que "los tribunales condenan a los ayuntamientos por su mal hacer en la concesión de licencias y supervisión de las obras de sus municipios, siendo después los vecinos, compradores legales de buena fe, los que sufren las consecuencias", algo que se produce, aseguran, sin que "por lo menos indemnicen a los vecinos a los que ponen en la calle y que son las auténticas víctimas de todo este sinsentido". Subrayan los impulsores de esta iniciativa que es "totalmente ilógico" que un juez condene "exclusivamente a un ayuntamiento y los vecinos no condenados y que tienen sus papeles en regla, sean los que tiran sus viviendas y a los que el ayuntamiento no quiere indemnizar", situación que viven estas familias en Bueu.

Además, recuerdan a grandes rasgos la historia del edificio, desde que en 1986 fue concedida una licencia "que permitía al promotor construir 90 centímetros de más en una de las fachadas", un permiso que fue revisado por la Comisión Provincial de Urbanismo. "El ayuntamiento, actuando con evidente pasividad, como indica la sentencia, permitió seguir construyendo".

Tras la compra, escriturado y pago de plusvalías, además "del resto de impuestos municipales a lo largo de todos estos años", 28 más tarde y 25 después de la sentencia de 1990, "el condenado (es decir, el ayuntamiento) nos desaloja forzosamente el 2 de noviembre de 2015, indicándonos que colocará nuestros enseres en una lona a pie de obra donde serán tratados como residuos (tal como indica la orden de desalojo forzoso que nos envía el alcalde). ¡Qué atropello a la razón!".

La petición es acompañada por una serie de noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación en los últimos días.