Faro de Vigo

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Un conflicto urbanístico de hace tres décadas

El denunciante del edificio Pintos insta al derribo y achaca las consecuencias a la "burla" del Concello

-El vecino que interpuso la demanda defiende que debe acatarse la ley y responsabiliza de la demora al ayuntamiento -"Ha eludido ejecutarla porque teme enfrentarse a la demanda millonaria de los afectados", sostiene su abogado

Algunos de los vecinos del edificio Pintos con los papeles para recoger firmas, con el inmueble a sus espaldas. // Gonzalo Núñez

El conflicto en torno al edificio Pintos, en el lugar buenense de Loureiro, reúne a tres partes. Al Concello de Bueu, que concedió la licencia en el año 1986 y cuyo actual equipo de gobierno se enfrenta a la obligación de ejecutarla; los vecinos que poseen su vivienda en el inmueble, que son los principales perjudicados porque compraron de buena fe sus pisos; y finalmente a la parte demandante, el vecino Manuel Pastoriza Casal, que en 1986 denunció que aquel edificio no cumplía con la alineación que se requería. Hasta ahora no había hablado con los medios de comunicación, pero su abogado, Ernesto de Gregorio Quesada, accedió ayer a explicar a FARO la versión de su cliente. "Queremos que se ejecute la sentencia. Hay que cumplir la ley y si se han tardado 30 años en llegar a su ejecución no es culpa de esta parte", sostiene el letrado. "Mi cliente está muy dolido porque durante todo este tiempo hubo una burla por parte del Concello de Bueu", insiste.

Éste es prácticamente el único punto que une al demandante y a los afectados por su demanda: la crítica al Concello de Bueu. La parte demandante achaca al consistorio ha eludido cumplir con la legalidad pese a que la primera sentencia data de diciembre de 1990. Por su parte, los vecinos, reprochan que desde el Concello no se ha logrado solucionar y dar encaje legal a su edificio en estas casi tres décadas. "Mi cliente denunció en tiempo y forma la ilegalidad que se estaba cometiendo. Hay una sentencia que declara que la licencia es ilegal y ya desde el año 1994 se habla de demolición", afirma De Gregorio Quesada.

La parte demandante no entra a valorar la situación en la que quedan los inquilinos del edificio Pintos y sostiene que la legislación prevé alternativas para resarcir a los afectados, aunque eso vaya en contra del Concello de Bueu. "Hay un doble problema. El ayuntamiento no quiere ejecutar la sentencia porque no quiere enfrentarse a los vecinos y porque si acomete el derribo parcial se enfrenta a una demanda millonaria por parte de esos propietarios afectados", argumenta el abogado.

El cumplimiento de la sentencia parece más cerca que nunca, ante la lógica preocupación de los residentes en el inmueble. No obstante, la parte demandante no tiene tan claro que vaya a ser así. "Esto se va a dilatar. Habrá nuevos recursos y esto va a llevar unos meses más. No tenemos claro que se vaya a ejecutar", admite el letrado.

Nuevas demoras

Esa demora de unos meses puede ser un balón de oxígeno para la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). "Es lo clásico en estos casos. Dilatar los plazos para subsanar la ilegalidad a través del planeamiento. El tribunal sabe esto y por eso está presionando para que se ejecute el fallo", indica el Ernesto de Gregorio.

Pese a que la parte demandante y la comunidad de propietarios del edificio Pintos coinciden en sus críticas al ayuntamiento, los demandantes creen que entre vecinos y Concello hay en realidad coincidencia de intereses. El alcalde, Félix Juncal, manifestó esta semana que en los últimos escritos ante el juzgado la representación de Manuel Pastoriza le acusaba de estar "conchabado" con los residentes y de que desde el consistorio se les estaba prestando asesoramiento. "Es que nos parece evidente que es así. El TSXG ha visto que no había otra manera para evitar la burla del ejecutante que imponer las acciones coercitivas", sostiene. "Hay una estrategia organizada para obstaculizar el cumplimiento de la sentencia", remacha.

A lo largo de estas tres décadas hubo algún que otro intento, más o menos serio, para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase el derribo parcial del inmueble y el consiguiente perjuicio a los inquilinos. Esa vía en teoría podría seguir abierta en estos momentos, aunque la parte demandante asegura que no hay ninguna propuesta. Lo que sí confirman es que en su día hubo una oferta de 6.000 euros. "Era una cuantía insultante y que no ayuda en nada al entendimiento", dicen. Después de 30 años de pleitos y recursos esa cifra dista mucho de cubrir los gastos legales afrontados por la parte demandante ni los perjuicios.

El demandante también tiene clara su respuesta a la pregunta de si después de tanto tiempo vale la pena insistir en la ejecución de la sentencia, a pesar de que con el nuevo PXOM el edificio podría volver a construirse tal cual está ahora. "Sí vale la pena. Mi cliente está muy dolido porque hubo una burla constante por parte del Concello de Bueu y su esfuerzo para que se respetase la legalidad no valió para nada", concluye.

Compartir el artículo

stats