La expropiación de terrenos necesarios para desdoblar el Corredor do Morrazo y convertirlo en autovía puede acabar en los Juzgados si los afectados confirman que la Xunta ofrece precios "tres ou catro veces por debaixo dos que se pagaron hai 15 anos", cuando comenzaron las obras. Los comuneros de Moaña, Meira y Domaio, que son los principales propietarios de las fincas necesarias para ampliar esta arteria de comunicaciones por carretera en la comarca, aún desconocen con exactitud los pormenores de la oferta de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, pero deducen que ronda "pouco máis de un euro por metro cadrado" tras recibir las comunicaciones de pago de los depósitos previos e intereses que se formalizará desde el martes en el Concello de Moaña.
Las notificaciones han puesto en alerta a los comuneros, que ya han mantenido conversaciones entre sí para defender de forma unitaria los intereses de los tres colectivos implicados, a los que podrán sumarse los particulares que lo deseen. "Hai que medir os pasos porque aínda non coñecemos oficialmente os prezos, pero todo apunta a que son irrisorios, a terceira parte dos 3,90 euros que ofreceron hai dez ou 15 anos", apunta Juan Santos, presidente de la comunidad de montes de Domaio, que es la principal afectada por las expropiaciones para ensanchar el primer tramo, de algo más de tres kilómetros entre Rande y el enlace con San Lourenzo. "Non estamos dacordo e vamos a poñer o asunto en mans dos nosos avogados", abunda Santos, e incide en las conversaciones ya mantenidas entre las tres comunidades de montes del municipio, la "relación fluída e cordial" y su intención de "ir xuntas para reclamar os nosos dereitos e tomar as medidas necesarias".
Los comuneros, acompañados de sus asesores legales, coincidirán pasado mañana, martes, en el salón de plenos moañés para escuchar la oferta y cobrar los anticipos, que consideran una "entrega a conta" que, en principio, no les compromete a aceptar los precios ofertados ni les resta posibilidades de recurrir. Los comuneros de Domaio tienen 7.500 metros de monte afectados definitivamente y otros 11.500 de forma temporal mientras duren las obras, que se destinan a depósito de maquinaria, materiales y logística, como es el caso del área recreativa de A Fontenla.
En Meira, la superficie de monte comunal afectada es de 4.500 metros cuadrados, por el que la Xunta ofrece "arredor de 5.100 euros", lo que supone "practicamente un euro por metro", en cálculos de su secretario, Breogán del Río. Este directivo entiende que la Lei do Solo ha modificado los criterios de valoración, pero la oferta es muy inferior a los precios de mercado y rozan el ridículo. Más aún cuando, en muchos casos, las fincas cuentan con masa arbolada, muros de piedra e incluso tuberías de canalización de agua desde traídas particulares, que incrementan su valor y deben repercutirse a la hora de las expropiaciones. "Parece unha burla, un insulto. Non estamos dacordo e seguro que iremos ao tribunal de xustiprezo de Galicia", adelanta.
En la misma dirección apuntan los comuneros de Moaña, cuya asamblea ya facultó hace meses a la directiva para batallar con el objetivo de que la Xunta pague un precio justo por los alrededor de 6.000 metros de terreno que les van a expropiar, aunque a expensas de conocer la oferta definitiva y la rentabilidad de iniciar un proceso judicial. Los cálculos se hacían sobre 10 euros por metro cuadrado, muy superior al que ahora se baraja.
