El gobierno tripartito de Cangas ha decidido pasar al ataque frente a las acusaciones del PP sobre la puesta al cobro de recibos del agua y las supuestas responsabilidades en la tramitación del procedimiento. El alcalde cree que son los anteriores gobernantes quienes deben dar la cara y explicar a los vecinos hasta dónde llegan sus responsabilidades. Por eso ayer decidió encargar un informe a la interventora municipal que aclare "donde están os 800.000 euros do canon" que pagó la concesionaria (Aqualia-Civis Global) al Concello y de los que, asegura, no se emplearon en obras a las que estaban destinados.
"Queremos sabe donde os investiron, ou donde están, porque o único claro é que non foron en traballos de abastecemento ou saneamento", asegura el regidor, "farto, dice, de que el anterior gobierno aparezca como inquisidor del tripartito y le acuse de aspectos de los que no es culpable. "Máis ben sería para actos electoralistas", sugiere Pazos, al que visitan en el despacho municipal "persoas e colectivos dicindo que lles prometeron obras a conta dos cartos de Aqualia" y no han vuelto a saber del asunto. "As obras están sen facer e os cartos gastados", advierte el alcalde, que espera que el informe técnico "aclare" donde está el dinero que se cuestiona.
El máximo representante municipal está convencido de que el PP intenta con sus acusaciones desviar la atención sobre sus responsabilidades en este asunto, y para ello recurre a argumentos como la "ilegalidade" de los plazos de cobro de recibos atrasados. Reitera que esta cuestión no le preocupa. Al contrario, está dispuesto a aprovechar cualquier laguna legal para echar abajo la ordenanza y no pasar al cobro los recibos. "Eles non o fixeron, pero eu si o farei se hai un mínimo resquicio de ilegalidade", que tendrían que corregir los técnicos antes de aprobarla sin esos errores.
Pazos no quiere ser el primero en tirar la toalla en el cruce de acusaciones sobre las supuestas deficiencias de la ordenanza y las responsabilidades que debe asumir cada parte. "Non hai dúbida, todo este lío fixérono o PP e os seus adláteres, non nós", y no quiere dejar dudas de que la Administración local está analizando a fondo todas las posibilidades, "e se podemos botar abaixo todo o proceso, incluíndo o contrato, ímolo tumbar".
Con respecto a las alegaciones presentadas por los usuarios, el alcalde garantiza que la concesionaria "ten que respondelas" antes de pasar al cobro los cuestionados recibos. Hasta ahora, la empresa remitió una respuesta tipo al Concello, pero no a los ciudadanos.
