La reclamación patrimonial por la anulación de la licencia y posterior clausura y cierre del salón de baile La Zona, en el polígono de Castiñeiras, se dirime estos días en los juzgados. El Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra celebró esta semana una prueba pericial solicitada por la defensa del empresario Manuel Freire Pastoriza, que reclama al Concello de Bueu 97.000 euros por los perjuicios causados por esa anulación. "Durante 12 años fui concejal, siempre con la intención de trabajar por el pueblo y no para beneficiarme. Para lo único que me ha servido es para sufrir una persecución como esta", asegura el exconcejal del PP, que afirma que el informe enviado desde el Concello de Bueu al Consello Consultivo de Galicia estaba "manipulado". Una visión radicalmente diferente a la que defienden desde el ayuntamiento, que sostienen que toda la tramitación fue "impecable".

El empresario argumenta que la licencia concedida por la Xunta de Goberno Local en enero de 2007 era completamente "legal" y cumplía "escrupulosamente" con la normativa en vigor. "Todos los informes técnicos eran favorables, tanto desde el Concello como desde la Xunta de Galicia. La comisión de gobierno no podía no conceder la licencia porque si no sería prevaricación", insiste Freire Pastoriza. El empresario está convencido de que tanto la anulación de la licencia como la denegación de una indemnización tienen tintes de carácter político. En primer lugar apunta hacia Xestur, a raíz del cambio de gobierno en la Xunta en el año 2005. "En el último gobierno de Fraga desde Xestur me explicaron que ellos desarrollaban suelo industrial y no informaban licencias porque eso es competencia del Concello", asegura. Sin embargo posteriormente, durante el gobierno bipartito PSOE-BNG, Xestur y una empresa del polígono de Castiñeiras presentaron una demanda contra la decisión municipal de conceder licencia para el salón de baile. Esa reclamación acabó con la anulación de ese permiso y con el posterior cierre del local.

A continuación Manuel Freire inició una reclamación patrimonial para que se le compensase por la inversión realizada, que cifra en más de 100.000 euros. "Los técnicos municipales valoraron inicialmente la compensación en 17.000 euros y la semana siguiente, después de una nueva visita, se elevó la responsabilidad exclusiva que yo no debía soportar hasta los 24.000 euros", explica. Esa decisión quedó anulada posteriormente por el Consello Consultivo de Galicia (CCG), que en un duro dictamen reprochó al exconcejal su actuación y denegó esa compensación. Freire intentó, de manera infructuosa reunirse con los responsables del Consello, y tras acceder al expediente denuncia que el informe enviado desde el Concello fue "manipulado". "El dictamen del CCG es preceptivo, pero no vinculante. No se envió toda la documentación porque faltaban los informes que dieron lugar a la concesión de la licencia y en los que los técnicos entendían que la actividad era legal", denuncia.

Desde el Concello, por su parte, insisten en que el informe del Consello Consultivo "es preceptivo, previo y vinculante", dice el alcalde, Félix Juncal. El regidor defiende que la toda la tramitación del expediente se realizó de manera "impecable" y manifiesta que "respetaremos lo que digan los jueces". En caso de que el juzgado dé la razón a Manuel Freire el pago de la indemnización se efectuaría a través de una póliza de responsabilidad que tiene contratada la administración local.