El Juzgado de lo Contencioso-administrativo ha estimado el recurso presentado por agentes de la Policía Local de Cangas, afiliados al CSI-F, contra la negativa del Concello de Cangas a reconocerles el derecho de tenencia y uso de arma de fuego reglamentaria y la obligación de su provisión. La juez declara que la resolución municipal es contraria a derecho y la anula, condenando al Concello a proveer a los agentes policiales de las pistolas para la prestación de sus servicios, "con las consecuencias económicas y presupuestarias que de tal declaración se deriven", y le obliga a asumir las costas judiciales. La Administración demandada tiene 15 días de plazo para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La demanda ante el Contencioso-administrativo se presentó el pasado 4 de abril contra la resolución desestimatoria por silencio administrativo de una solicitud presentada con fecha 8 de agosto de 2013 ante el Concello de Cangas, en solicitud del reconocimiento del derecho de tenencia y uso de arma de fuego reglamentaria y la obligación de su provisión. La vista oral se celebró el jueves de la semana pasada y los demandantes argumentaron que la legislación ampara ese derecho porque el cuerpo de la Policía Local es un instituto armado de naturaleza civil y presta servicios como tal, siendo necesario portar armas para la adecuada ejecución de sus funciones. Por contra, el abogado del Concello alegó falta de legitimación activa, pues no le consta "que los actores realicen funciones en vía pública y de custodia como exige la ley para portar armas de fuego". Añadió que el Concello no dispone de medios económicos para el mantenimiento de la dotación reclamada.

Aunque reconoce la complejidad del asunto y sus interpretaciones, la juez rechaza esta alegación municipal y considera que en este caso los policías sí están legitimados para interponer el recurso, en defensa de sus intereses. Con respecto al fondo del asunto, reconoce la naturaleza de la Policía Local como instituto armado y los derechos que le asisten por ello, y concluye que la ley prevé la prohibición de llevar armas a los vigilantes municipales y los auxiliares de policía, porque sus funciones no lo requieren, "pero no a los policías locales, los cuales tienen reconocido ese derecho".

Reconociendo que el mismo puede ser limitado, de forma motivada, en cuanto a su ejercicio por el alcalde respectivo, la propia Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad indica que "los servicios en la vía pública y los de custodia se prestarán siempre con armas. Es decir, que en esos casos ni siquiera la decisión del alcalde podría conllevar que no se sirviesen del arma reglamentaria los policías locales para el cumplimiento de tales funciones", razona la juez, porque así lo reconoce la legislación al respecto y no procede la excusa económica. La sentencia apostilla que "no constando motivación o razón alguna para denegar un derecho que tienen los actores reconocido por ley, sin que pueda ser admisible la alegación efectuada por el Concello de falta de recursos económicos para la adquisición del arma, y toda vez que puede ser necesario para el cumplimiento de sus funciones en determinadas situaciones de riesgo para sí o para terceros, procede estimar el presente recurso contencioso-administrativo".

En base a todo ese argumentario, la magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra estima la demanda interpuesta por los afectados de la Policía Local de Cangas en todas sus pretensiones y condena en costas a la administración demandada, otorgándole un plazo de 15 días para que pueda presentar recurso ante la sala correspondiente del TSXG, constituyendo el depósito bancario que establece para ello la legislación.

Tras conocer el fallo judicial, el alcalde de Cangas manifestó que "las sentencias son para cumplir", aunque expresó sus dudas sobre algunos puntos, como "cuando habla de custodia y algo más". Añadió que el abogado del Concello "la está estudiando y luego se decidirá si se recurre". Sotelo también matizó que "el problema de la policía no son las armas. Si acaso es lo que más llama la atención, pero hay otros problemas estructurales que a medio plazo debemos resolver". Considera que "tiene que entrar savia nueva" y pasar a agentes más veteranos a segunda actividad.