La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó ayer sentencia condenatoria contra Pilar Pérez Gesteiro, la empresaria de Bueu que tenía dos corredurías de seguros en Cangas y en Marín a través de las cuales estafó a decenas de clientes (se contabilizan casi 60 afectados) en la contratación de seguros y fondos de inversión que, pese a cobrarlos, no llegaba a suscribir o, sencillamente, no existían. El tribunal dictó su condena de viva voz, después de que la acusada reconociese los hechos y aceptase esta pena de cinco años de prisión que finalmente le fue impuesta. Al mismo tiempo, la sentencia le obliga a devolver las diferentes cantidades estafadas y que suman un total de 1,4 millones de euros aproximadamente.

Tras el reconocimiento de los hechos y la condena a la acusada, lo que se preguntaban ayer muchos de los afectados es si ahora están más cerca de recuperar su dinero, sobre todo aquellos que invirtieron las cantidades más elevadas (el caso más grave es el de un matrimonio que le entregó a Pilar la friolera de 726.000 euros en fondos de inversión). La condena a esta empresaria permite ahora iniciar el proceso para recuperar las cantidades adeudadas en ejecución de sentencia. Un proceso que se inició ayer mismo. Aunque la acusada asegura que no tiene dinero, la mujer sí dispone de propiedades, por lo que los letrados esperan que sus clientes puedan al menos recuperar parte de las cantidades perdidas. "Es posible que se pueda pinchar algo por ahí", comentaban ayer al término del juicio.

Más pesimista se mostró la defensa de la propia acusada. Insiste en que, pese al elevado montante de la estafa cometida, la mujer no dispone actualmente de liquidez. La única retribución que percibe es el subsidio que le corresponde tras abandonar la prisión de A Lama pero parte de estos emolumentos están ya embargados para satisfacer las obligaciones que quedaron pendientes con sus trabajadores de las oficinas de Cangas y Marín. En cuanto a las propiedades, es cierto que la mujer posee bienes inmuebles, reconoce el letrado, pero todas ellas tienen importantes cargas (hipotecas, reclamaciones de Hacienda o la Seguridad Social que tienen un cobro preferente, entre otras) por lo que ve muy difícil que se pueda recuperar la cantidad defraudada, al menos en gran parte. En cualquier caso, ahora empezará una nueva batalla judicial para exigir el pago de la responsabilidad civil.

Tampoco parece posible que Pilar Pérez Gesteiro vuelva a dar con sus huesos en prisión. Cabe recordar que esta mujer ya cumplió en prisión preventiva cuatro de los cinco años de cárcel que ayer le impuso la Audiencia Provincial.Fue allí, en prisión, en donde la acusada también encontró el amor. Y es que según adelantó FARO en diciembre del pasado año, Pilar Pérez contrajo matrimonio en A Lama con José Alejandro G.T., uno de los culpables del conocido como crimen de Cabral.

Pilar Pérez Gesteiro fue condenada a cinco años de prisión como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometida por un particular en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada por el valor de la defraudación y el abuso de las relaciones personales o el aprovechamiento de la credibilidad empresarial o profesional del defraudador.

La procesada, de 55 años de edad, confeccionó documentos con formato de seguro de vida o de fondo de inversión en los que aparecía el sello de alguna conocida aseguradora o de otras desconocidas, sin el conocimiento de estas. Era documentación falsa. Luego ofrecía estos productos financieros a algunos de sus clientes de las corredurías de Marín y Cangas, a los cuales requerían para su formalización diversas cantidades en efectivo. Pilar Pérez prometía a sus clientes un rendimiento de estas cantidades de entre un 6 y un 10% anual del total del importe de la cantidad efectiva y les aseguraba la posibilidad de poder recuperar la totalidad del dinero una vez cumplido el plazo de dos años si así lo requerían.

Sus clientes fueron percibiendo los intereses prometidos inicialmente, algo que probablemente hizo que su confianza en esta mujer aumentase y le entregasen mayores cantidades de dinero o lograse nuevos clientes. Lo que ocurría es que la acusada lograba hacer frente a estos intereses con el dinero que recibía de las nuevas aportaciones. Finalmente, en 2008 sus clientes comenzaron a no percibir estos beneficios y también empezaron a pedir explicaciones a la mujer. Cuando quisieron recuperar su dinero, no pudieron. Hay reclamaciones por valor de 132.000 euros, 726.000 euros, 210.000 euros o 60.000 euros, entre las más elevadas.