El fiscal de delitos económicos y la Abogacía del Estado solicitan una pena de dos años de prisión para un vecino de Moaña, Ángel Manuel C. M, administrador de la desaparecida empresa pontevedresa Opirata Technology, a quien acusan de un delito contra la Hacienda Pública. Ambas acusaciones sostienen que el encausado, a través de la citada firma, defraudó al erario público un total de 252.319 euros y ahora reclaman que indemnice a la Agencia Tributaria con esta misma cantidad. A mayores solicitan una multa de medio millón de euros y que se le retire la posibilidad de obtener ayudas o beneficios fiscales durante cinco años.

Tanto el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, como el abogado del Estado, defienden que en 2006 esta empresa declaró adquisiciones intracomunitarias de bienes por valor de 1,48 millones de euros (cantidad que Hacienda corrigió a 1,53) y entregas intracomunitarias que estarían exentas del pago del impuesto del IVA por valor de 1,57 millones. Sin embargo, el fiscal asegura que la empresa (en la actualidad ya liquidada) no tuvo ninguna entrada de divisas, mientras que sí constan salidas por importe de 793.871 euros. Considera que esto, si bien acredita la realización de adquisiciones intracomunitarias, "pone de manifiesto que no se realizaron salidas al exterior" por lo que concluye que los productos adquiridos no fueron vendidos en mercados de otros países de la UE, sino en el propio mercado nacional, eludiendo así el pago de impuestos.

Ángel Manuel C. M. se sentó ayer en el banquillo del juzgado de lo Penal 4 de Pontevedra y negó tajantemente esta acusación. Asegura que las compras y las ventas (en su mayor parte discos compactos y DVD vírgenes) que declaró en otros países de la UE (concretamente en Portugal y Reino Unido) sí se realizaron y que si algunos pagos a estas empresas no figuran para Hacienda es porque o se hicieron en efectivo "o a través de cuentas bancarias que estas firmas tenían en España como empresas no residentes".

El abogado del Estado se interesó por la razón por la cual el acusado compraba a través de una empresa portuguesa un material elaborado en Alemania y distribuido en España a través de una filial. Se extrañó de que acudiese a una empresa en el país vecino en lugar de comprar directamente a la filial en España. Este empresario aseguró que "le gustaría" poder comprar directamente a la filial de esta multinacional, pero aseguró que esta empresa "no me dejaba" dado que tenían su propia y selecta lista de clientes.

El abogado de la defensa solicitó la prescripción del delito que se le imputa a su cliente, algo que el magistrado titular del juzgado de lo Penal 4 de la capital de la provincia anunció que resolverá en sentencia, aunque en su intervención adelantó que, en principio, no ve indicios de tal prescripción.