09 de abril de 2014
09.04.2014

Sotelo tilda de "despropósito" cuestionar el partido judicial de Cangas y exige al ministerio mantenerlo

Los regidores de Bueu (BNG) y Moaña (PP) se suman al rechazo, aunque Fervenza matiza que hay tiempo para modificar el anteproyecto en el Parlamento - Piden respetar la realidad social y demográfica de la comarca

09.04.2014 | 01:20
Abogados del partido judicial de Cangas, durante una concentración de protesta. // Gonzalo Núñez

La intención del Ministerio de Justicia de suprimir el partido judicial de Cangas y los Juzgados de Paz de Moaña y Bueu ha provocado un fuerte rechazo en medios judiciales y políticos. Entre ellos, del alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, quien considera "perjudicial y difícil de entender" el anteproyecto presentado por el Gobierno central y defiende férreamente la continuidad de estos servicios a los ciudadanos. "La justicia, una vez más, pretende apartarse de los ciudadanos", lamenta el regidor cangués, y recuerda que la demanda social que llevó a inaugurar en 2005 el nuevo edificio judicial, con una inversión de "más de 1,5 millones de euros" y la puesta en marcha, entonces, del tercer juzgado. "Luchamos por ello y lo logramos, unos esfuerzos que este anteproyecto desprecia", reprocha.

El regidor cangués también destaca que la corporación de Cangas aprobó el 30 de mayo de 2013 una moción en la que "se instaba al Gobierno central a que las reformas legales que se adopten garanticen una Administración de Justicia eficaz y próxima a los ciudadanos", justamente lo contrario de lo que ahora propone con este anteproyecto. Por entonces, la Dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia respondió que las políticas del Gobierno estarían orientadas "a la completa transformación de la administración de Justicia", y señaló, con respecto a la demarcación, que "es preciso adalptar el mapa judicial a la realidad demográfica, económica y social actual". Es en este punto donde el regidor se muestra más crítico, ya que considera que se actúa al contrario de lo que se pregona: "Esta propuesta va justamente en sentido contrario. Falta rigor en este anteproyecto", abunda, y concluye que "las administraciones deben estar próximas y al servicio de los ciudadanos".

Tampoco elude Sotelo opinar sobre el papel que están jugando los abogados vigueses en este asunto, que "pretenden hacer caja a cuenta de los municipios vecionos", como Cangas, ya que desde la ciudad olívica "defienden que se recorten los partidos judiciales" con el objetivo de q que Vigo "tenga un partido judicial de 500.000 ciudadanos a cuenta de los demás municipios, cuando actualmente en esa ciudad apenas hay 300.000 censados", manifesta. ¿Acaso pretenden anexionar, como hicieron en su día con las Illas Cíes?", se interroga.

En cualquier caso, el alcalde de Cangas confía en que el anteproyecto "sufra importantes modificaciones" y la idea que apunta no prospere. "O Morrazo es una comarca social, económica y demográficamente definida. Siempre hemos sido críticos con las intenciones de ignorar esta realidad y lo seguiremos siendo por encima de intereses políticos y de criterios de despacho", apostilla José Enrique Sotelo.

Por su parte, el alcalde de Moaña, José Fervenza es bastante más comedido que su homólogo cangués. Está convencido de que el anteproyecto cambiará a su paso por el trámite parlamentario y que se presentarán alegaciones que eviten lo que define como un error de Gallardón, si persiste en imponer la medida de alejar a la Justica a los ciudadanos. Recuerda que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, adelantó que no se iba a cerrar ninguna sede judicial, de ahí que tenga confianza en que el juzgado de Paz de Moaña se mantenga.

En lo que respecta a Bueu, el municipio forma parte del actual partido judicial de Marín y cuenta con un Juzgado de Paz, que también podría verse afectado por la nueva ley. El alcalde buenense, el nacionalista Félix Juncal, no ocultaba ayer su hartazgo ante una serie de proyectos de ley que considera que "buscan desmontar un modelo de servizos públicos que están ao servizo dos cidadáns". El regidor recuerda también el caso de la ley de tasas judiciales y de otras medidas que afectan a la Administración pública. "Todo isto é un retroceso, que significa alonxar máis aos cidadáns dos servizos públicos", lamentaba ayer. Juncal adelanta que sopesa convocar una junta de portavoces para discutir algún tipo de iniciativa para mostrar la disconformidad de la corporación. Desde el PP de Bueu se adelantaron incluso a ese anuncio y el portavoz municipal, Manuel Santos Pires, fue claro y contundente al valorar la acción del Ministerio de Justicia. "El ministro Gallardón está demostrando con sus actos que va camino de convertirse en el peor ministro de Justicia de los últimos tiempos, un caminó que inició en 2012 con la injusta implantación de Ley de Tasas", sostiene. Los populares entienden que la reforma que promueve el Gobierno central es un "error garrafal" y muestran su absoluto respaldo a las protestas de los profesionales del Derecho.

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