La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) entregó en los concellos de Bueu y Cangas sendas mociones para que los consistorios emprendan acciones para defender sus competencias ante el proyecto de ley de telecomunicaciones sobre el que trabaja el Estado. El colectivo advierte de que ese documento concede a comunidades autónomas y ayuntamientos "un papel subsidiario, coa realización de informes non vinculantes".
La asociación, que está integrada dentro de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, denuncia que ese rol secundario para la administración autonómica y local afectará tanto a los procesos de expropiación forzosa como para imponer de manera obligatoria localizaciones compartidas de infraestructuras y la utilización del dominio público o de la propiedad privada.
La moción de la APDR insta a los concellos a que soliciten informes jurídicos para saber en qué estado quedan sus competencias. Al mismo tiempo propone que inicien campañas para informar a la ciudadanía sobre cómo afectará la nueva ley a sus intereses, derechos -especialmente en el caso de expropiaciones forzosas- y la desprotección de la salud.
Campaña escolar
Paralelamente se plantea otra campaña dentro de la Agenda 21 escolar para fomentar un uso moderado y racional del teléfono móvil entre los niños.
