25 de agosto de 2013
25.08.2013

El Supremo ratifica el fallo del TSXG que anula el PERI para construir 350 pisos en Cangas

La zona afectada sirve ahora de aparcamiento provisional - El Concello y la junta de compensación habían recurrido la sentencia - La constructora pasa por un ERE

25.08.2013 | 10:21
Zona de Altamira, donde se iba a construir y ahora hay un aparcamiento proviisional // Santos Álvarez

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el Plan Especila de Reforma Interior (PEPRI) que iba a permitir la construcción de 350 pisos en Cangas, en la denominada zona de Altamira, donde ahora se habilita un espacio para aparcamiento provisional, que se utiliza en estos días de fiesta y que se abrió cuando la Xunta de Galicia inició las obras de mejora de la PO-551.

El Concello de Cangas, ya con el anterior gobierno bipartito (PSOE y BNG) decidió recurrir el fallo del TSXG, igual que lo hizo también la junta de compensación. La constructora de esta gran urbanización estuvo sometida a un expediente de regulación de empleo y su situación tampoco es ahora para afrontar un desembolso tan importante como el que suponía este ambicioso proyecto que iba a vertebrar Cangas. La inversión prevista era de 19 millones de euros. La misma empresa tuvo que ver como Novagaliciabanco se hizo con los pisos de lujo que se construyeron en la Praza de A Palma. Nadie esconde que la decisión de los tribunales no supone un daño económico tan importante como si las cosas hubiesen sido de otra forma: ausencia de la crisis y mantenimiento de la burbuja mobiliaria con crédito abierto. Sí que la decisión de los tribunales supusieron un revés en lo que se refiere a los trámites burocráticos, porque es necesario empezar de cero. El TSXG anuló el acuerdo municipal de 26 de enero de 2007 del pleno de Cangas, por el que se otorgó licencia definitiva al PERI de la zona, cuando aún gobernaba el PP con mayoría absoluta. Su decisión se basa en que el plan incumple la obligación legal de reserva de suelo para viviendas de protección pública, que tenía que alcanzar el 20% de la edificabilidad residencia de cada sector. Hubo informes contradictorios, uno de ellos el del arquitecto municipal Alfonso Lage, en el segundo contradecía lo que había dicho en el primero. También existía un informe favorable del que era jefe de Urbanismo, Alfonso Marnotes. La denuncia que dio origen a la anulación del acuerdo fue presentada por cuatro afectados, uno de ellos es padre de la que hoy en día ocupa el puesto de primer teniente de alcalde de Cangas, Berta Pérez (PP), que también es diputada autonómica.

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