La Zona Franca de Vigo tendrá que quedarse contra su voluntad y por una sentencia del Tribunal Supremo, con los derechos de explotación de la cantera San Amaro que adquirió en Aldán, en Cangas, en mayo de 2002, siendo delegado Pablo Egerique, para construir el que iba a ser el gran polígono industrial de O Morrazo. El siguiente responsable del Consorcio, Francisco López Peña, anuló en 2007 la adquisición al considerar inviable económicamente el desarrollo del parque y reclamó los 3,6 millones que había pagado a la anterior propietaria de la explotación minera, Granitos de Aldán..

Pero el Tribunal Supremo acaba de invalidar aquel acuerdo de renuncia y confirma el contrato de venta de la explotación con Granitos de Aldán. El fallo del alto tribunal es fruto del recurso de casación que había presentado Granitos de Aldán. Esta sociedad había sido adquirida poco antes a la familia Rodal, de Cangas, por el empresario Juan Lago a través de sus sociedades inmobiliarias Promalar y Tiempo y Libre y Ocio con las que también compró a los herederos del Conde de Aldán la mayor parte de los montes de esta parroquia, en donde tenía prevista una macrourbanización de 4.000 viviendas, que quedó frustrada.

Ahora Zona Franca, ya con Teresa Pedrosa al frente, estudia las posibilidades para buscarle rentabilidad a esta explotación, de la que tiene la concesión pero no la propiedad del terreno, que sí revirtió al anterior dueño, y evitar que siga siendo un terreno muerto que además le da gastos por pago de canon de concesión.

El Consorcio pagó 3,5 millones por las parcelas a las empresas Promalar y Tiempo Libre y Ocio 2000, y otros 3,6 millones por los derechos de explotación en una superficie de 700.000 metros cuadrados (dos cuadrículas) de la cantera a Granitos de Aldán, que era propiedad de las dos mercantiles citadas. Tras renunciar en 2007 a desarrollar el polígono Zona Franca logró recuperar la cantidad desembolsada por el suelo, ya que, según las susodichas fuentes, existía una cláusula en el contrato que permitía la reversión en caso de incumplirse los plazos para aprobar el Plan Xeral de Cangas. Sin embargo no podrá recupera el dinero que abonó por los derechos mineros al fallar el Supremo que Zona Franca no podía romper el contrato unilateralmente. La compra de la explotación no estaba condicionada, fallan los jueces, a que se construyese el polígono empresarial, de modo que los derechos mineros han pasado a todos los efectos a ser propiedad del Consorcio. En concreto, la sentencia del Supremo indica que "aunque el Consorcio adquiriera las concesiones mineras para la construcción de un polígono industrial, no resulta que dicha finalidad fuera la perseguida por las ambas partes contratantes, ni se incorporó como causa del contrato del mismo, por lo que no se hizo depender su eficacia de la efectiva construcción del polígono". Añade, por lo tanto, que "debemos rechazar que el contrato pudiera, tal y como realiza la resolución administrativa, considerarse como un contrato administrativo especial ya que la construcción de dicho polígono no se encuentra vinculada al giro o tráfico específico del Consorcio y, dado que estamos ante un contrato de naturaleza privada, el Consorcio no tenía facultad de resolverlo, por lo que procede anular la resolución administrativa recurrida".

El ente estatal obtuvo ingresos durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, al alquilar la cantera a la empresa Explotaciones Mineras do Morrazo, propiedad de los antiguos duelos de Granitos de Aldán, , que extrajo granito por valor de 2,2 millones -según figura en el informe pericial presentado en el pleito- pero actualmente la explotación está inoperativa al haber resuelto López Peña entonces aquel contrato de arrendamiento. Las reservas de la cantera están fijadas en 373.667 toneladas pero las fuentes consultadas indican que la posibilidad de arrendar ahora la cantera es muy compleja, ya que aunque Zona Franca tiene los derechos mineros la propiedad del suelo es de Promalar y la empresa extractora también tendría que llegar a un acuerdo con ésta.

El alcalde de Cangas, el popular José Enrique Sotelo, se muestra prudente respecto a la situación que ha generado esta sentencia del Supremo y asegura que se trata de un "galimatías jurídico" del que espera poder obtener más información hoy. De todas formas, Sotelo sigue siendo partidario del proyecto de aquel polígono industrial y reconoce que en el avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) sí figura y podría desarrollarse en función de la demanda.

Otro de los polígonos que canceló Zona Franca en tiempos de López Peña, el de Salceda, ha dado aún muchos más quebraderos de cabeza al Consorcio, ya que está condenado a pagar una indemnización de 15 millones de euros a las mercantiles a las que adquirió el suelo, propiedad del empresario Jaime Gradín.