Ya hay fórmula para afrontar el crédito que el Concello de Cangas tiene que pedir al Ministerio de Hacienda para acogerse el segundo plan de pago a acreedores. El gobierno municipal tiene previsto solicitar al Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL) el rescate del cobro del Impuesto Municipal de Vehículos. Esta operación supondría un ahorro algo más de 100.000 euros, que es lo que se lleva el ORAL por gestionar el cobro del citado impuesto, uno de los que ofrece menos morosidad, con niveles de recaudación del entorno al 90%. Según los últimos datos, en estos momentos el Concello de Cangas estaba pagando al ORAL 102.000 euros anuales exactamente, por un padrón de vehículos cuyo importe asciende a 1,7 millones de euros.
El dinero que se le estaba pagando al ORAL servirá para hacer frente al crédito que se solicita al Ministerio de Hacienda y que será por el importe de 800.000 euros. El gobierno local señala que de esta forma no hace falta adoptar ninguna medida restrictiva más. Ni se sube ningún impuesto ni se recorta ninguna partida.
Lo único que supondrá es tener que destinar dos trabajadores municipales a gestionar este cobro, que según el gobierno local, tal y como está diseñada ahora mismo la recaudación, no supondrá mayores problemas. Se había barajado también la hipótesis de cargar sobre la nueva concesión el crédito, pero tras una larga reflexión se ha descartado esta posibilidad. También es cierto que el Concello de Cangas cuenta con la ya obligada subida del IBI, cuyo tipo impositivo vuelve a aumentar este año un 25%.
El hecho de que Sogama no entre en el plan de pagos a rebajado la cuantía de un crédito al que al final se acogen solo dos empresas: Acciona (antes Pridesa) y Aqualia. Con la primera había una deuda de 569.000 euros que se había fijado por sentencia judicial, donde figuraban también los intereses, con lo que la cuantía que debería pagar el Concello alcanzaba los 800.000 euros. Al decidirse acoger al plan de pago a acreedores, Acciona renuncia a los interés y a los tasas judiciales. Lo mismo ocurre con Aqualia. La deuda con esta empresa que aún hoy gestiona el abastecimiento de Cangas es de 276.000 euros, sin intereses. El Concello, a través del crédito y según sentencia le pagará los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en diez años, lo que supone 69.000 euros anuales. Hubo una empresa pequeña que se quiso acoger a este pago a acreedores aportando una factura de algo más de 100 euros y se decidió hacer frente al pago ya.
El gobierno municipal de Cangas entra y sale del ORAL a conveniencia. No hay que olvidar que el año pasado este organismo de recaudación se hizo con el polémico servicio de la gestión y cobro de multas de tráfico, cuando estaba en manos de una empresa privada contratada por el bipartito. Desde el gobierno local se argumenta que la gestión y cobro de multas es un trabajo mucho más complejo, que supone dedicar más personal del Concello a esta labor y que los niveles de recaudación no son comparables al del Impuesto Municipal de Vehículos.
El ORAL también se encarga en Cangas de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), muy importante para el Concello de Cangas no solo por su cuantioso padrón, sino también porque la Diputación Provincial entrega anticipos a cuenta de este tributo municipal.
El alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo y el concejal de Facenda, Pío Millán, consideran que encontraron la mejor fórmula posible para que este nuevo crédito no influyera en el bolsillo del ciudadano, que era lo que se pretendía evitar.
