El Concello de Cangas ya acumula cuatro sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a su favor para cortar el suministro eléctrico y de agua a las caravanas instaladas de forma ilegal en la zona de la costa. El Concello remitió el año pasado cerca de una veintena de expedientes y se espera que todos se resuelvan a favor de la institución municipal, como señala la alcaldesa, la nacionalista Clara Millán, para quien estos fallos supone todo un apoyo a la lucha que el Concello de Cangas había iniciado en 1996 bajo el gobierno cuatripartito del alcalde nacionalista Euloxio López. El Concello emprendió entonces una dura batalla de derribos de construcciones y de retirada de caravanas ilegales hasta que en 1998 la Xunta asumió la competencia. Desde entonces pocas han sido las actuaciones acometidas desde la Consellería de Política Territorial, entonces, y ahora Medio Ambiente e Infraestructuras.

La última sentencia a favor del Concello llegó esta misma semana. Se trata de un recurso de apelación interpuesto por el Concello ante el TSXG contra la sentencia de marzo de 2009 dictada por el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra dando la razón al propietario de una caravana instalada en Punta Nerga-O Hío, Juan Ramón Alonso Martínez, que había recurrido la resolución del Concello, de fecha 21 de febrero de 2008, denegándole su solicitud para que se dejase sin efecto la orden de interrupción del suministro eléctrico y de agua en la instalación.

El TSXG estima el recurso del Concello porque entiende que aunque "la Administración autonómica incurra en una sorprendente pasividad en inobservancia de sus obligaciones en la materia, sería ciertamente inaceptable que por el Ayuntamiento se tolerara la continuidad de una actividad... ilegal sobre suelo rústico en el que no está prevista la prescripción en cuanto a la restauración de la legalidad urbanística". Añade el tribunal que de manera que "aún en la llamativa situación creada por la pasividad de dicha Administración autonómica, ello no justifica que –por aquella otra Administración municipal– también se incumplieran sus obligaciones".

El problema que se estaba encontrando el Concello con los expedientes de infracción en la costa, cuya resolución es competencia de la Xunta, es que los afectados recurrían al Contencioso para que mientras no se resolviera por el organismo autonómico el Concello no les cortara la luz y el agua. Uno de los juzgados siempre fallaba a favor de los afectados porque entendía que los servicios no podían estar cortados sine die dado que la Xunta no actuaba.

Ahora el Concello ha iniciado el trámite de notificación de la sentencia y del corte de suministro a los propietarios afectados.