15 de abril de 2010
15.04.2010

La falsa deuda de Ricardo Gómez Buceta

El antiguo funcionario municipal fue "paseado" en diciembre de 1936

15.04.2010 | 08:30
Ricardo Gómez Buceta, "Ricardito"

La Asociación Amigos de Johán Carballeira celebra el domingo en el Centro Social do Mar un acto de homenaje a los vecinos que sufrieron la represión durante la Guerra Civil. Durante los últimos meses se realizó una nueva recopilación de información en los archivos municipales y con ella el colectivo quiere rehabilitar la memoria de un funcionario municipal y amigo del propio Johán Carballeira: Ricardo Gómez Buceta "Ricardito". Fue sancionado por un falso descubierto en las arcas municipales y cuando iba a ser exonerado fue apresado y "paseado". Su cuerpo nunca apareció.

El acto de reconocimiento que organiza anualmente la Asociación Amigos de Johán Carballeira con motivo del aniversario de la muerte del antiguo alcalde de Bueu incluirá este año un reconocimiento especial a un colaborador y amigo suyo: Ricardo Gómez Buceta, conocido popularmente como Ricardito. Era el administrador y depositario del Ayuntamiento de Bueu, un cargo equivalente al actual de tesorero. Una inspección en las cuentas municipales, realizada en octubre de 1936 con el propósito de perjudicarle y apartarle del cargo, le hizo responsable de un descubierto en las arcas municipales y cuando lo que cabía era restituirle lo que se hizo fue "pasearlo", sin que a día de hoy haya aparecido su cuerpo.
Los miembros del colectivo para la recuperación de la memoria histórica de Bueu indagaron en la documentación que obra en el ayuntamiento, sobre todo en las actas de los plenos celebrados entre octubre de 1936 y febrero de 1937, e incluso pudieron hablar con uno de los hijos de Ricardo Gómez Buceta. La familia del represaliado se marchó de España en los años siguientes a su muerte y se estableció en Uruguay y Argentina.
La inspección en las arcas municipales se efectuó el 9 de octubre de 1936 y se trató en una sesión "supletoria" de la junta gestora que gobernaba el ayuntamiento el 16 de octubre, una comisión en la que estaban Camilo Davila Davila, José María Massó García, Ángel Maneiro García, José Pazos Loveira y Antonio Cerviño Martínez. En la reunión se analizan las cuentas, con especial atención a "determinadas cantidades que han sido satisfechas sin la correspondiente orden de pago o libramiento autorizado por la Intervención". Algunos de esos pagos son aceptados por el pleno sin mayores reservas, pero hay otros que se "rechazan en absoluto". El más importante es el que se refiere a las obras de mejora realizadas en la calle Eduardo Vincenti y cuyo coste ascendía a 3.579 pesetas con 20 céntimos. En concreto se le hace responsable de un falso descubierto de 3.170 pesetas, que es la cantidad que debía aportar la Diputación de Pontevedra a través de una subvención. Por ello, se le concede "un plazo que no excederá de los cuatro días" para ingresar ese dinero. Junto a esa cuantía tenía que ingresar la liquidación de varias tasas correspondientes al mes de septiembre y que rondaba las 4.000 pesetas.
La cuantía exigida suponía una cantidad muy importante de dinero para la época. Pese a lo injusto de la resolución, Ricardo Gómez Buceta intenta hacer frente a ese pago y en esos cuatro días es capaz de reunir 579 pesetas y pide más tiempo para reintegrar el resto. En una sesión ordinaria del 28 de octubre, la junta gestora de la época acuerda "por unanimidad declarar suspenso de empleo y sueldo" al funcionario. Al mismo tiempo, se decide que las funciones de depositario las asumirá un vocal de la gestora, Antonio Cerviño Martínez, mientras que para la Administración Municipal se nombra a un trabajador del ayuntamiento, "asistido por José Collazo Iglesias, quien también de forma provisional y desde el día de su posesión percibirá, del sueldo del funcionario suspenso, un jornal de seis pesetas".
En una nueva sesión supletoria del 13 de noviembre, la gestora decide solicitar el "asesoramiento" de dos letrados para evaluar la actuación del funcionario municipal antes de adoptar nuevas medidas contra él. El propio Ricardo Gómez Buceta solicita "en súplica" a la junta gestora que revoque el acuerdo de suspensión adoptado el 28 de octubre argumentando que ya había ingresado todo el dinero del descubierto que provocó la sanción, "menos lo adelantado para las obras de la calle Eduardo Vincenti". La corporación lo único que hace en esta fecha es recordar que en su anterior reunión había acordado solicitar un informe a dos letrados, "no procediendo dictar ninguna resolución en cuanto no se obtenga dicho dictamen".
Los jurídicos encargados de elaborar dicho informe fueron "los señores Puig y Rodríguez Pérez" y su veredicto, que se llevó a una sesión extraordinaria celebrada el 31 de diciembre de1936, es contundente: "No es acreedor de la destitución, a pesar de que en el ejercicio del cargo no se ha ajustado a las formalidades y preceptos reglamentarios por cuanto ha dispuesto determinadas cantidades para arreglo de la calle Eduardo Vincenti sin el oportuno mandamiento de pago legalmente autorizado y teniendo en cuenta la circunstancia de que las obras fueron ejecutadas con el justificante de haber sido subvencionadas por la Diputación en la cantidad de 3.000 pesetas". Por eso concluyen que "se resuelve acceder a lo solicitado por el señor Gómez Buceta, reponiéndole en su cargo inmediatamente, toda vez que ha entregado en las arcas municipales la suma de 4.563 pesetas y 95 céntimos" y la junta gestora le concede un plazo de quince días hábiles para reincorporarse en el cargo.
Esta sesión se celebró el 31 de diciembre, pero Ricardo Gómez ya estaba muerto para entonces. Días antes de Navidad ya habían ido a buscarlo a su casa para ser "paseado". Al parecer ya lo habían intentado con anterioridad, pero no lo encontraron en su domicilio porque estaba en un entierro. Su cuerpo nunca apareció y dejó atrás mujer, siete hijos y uno más que estaba en camino. Pese a ello, en una muestra de macabro cinismo la sesión ordinaria del 10 de febrero de 1937 acuerda destituirlo de su cargo porque no se reincorporó a su puesto "a pesar de las notificaciones y conminaciones que al efecto se le practicaron, llegando incluso al requerimiento inserto en boletín oficial de la provincia".
Años más tarde, la familia emigraría a Sudamérica y hoy en día aún viven algunos de sus hijos, con los que la Asociación Amigos de Johán Carballeira pudo contactar. A esa familia aún le volverían a reclamar unas 3.000 pesetas por aquel falso descubierto en las cuentas municipales, una cuantía que finalmente acabarían pagando de nuevo para "dejar limpio su nombre". Como culmen del cinismo, cabe destacar que para sustituir en su puesto a Ricardo Gómez Buceta se presentaron seis candidatos y el elegido fue Antonio Cerviño Martínez, miembro de la junta gestora y que ya desempeñaba en parte sus funciones desde el cese.

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