El Concello de Bueu ejecutó ayer una orden de demolición dictada por el juzgado de lo contencioso número 3 de Pontevedra que supuso la demolición de un pequeño galpón y una solera ubicada dentro de una finca cerrada y calificada como rústica, situada en el Area de Bon, dentro de la zona de protección de la Ley de Costas.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, se personó junto al concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, en el lugar de los hechos a las 11.00 horas acompañado por la Policía Local y de los operarios que iban a efectuar la demolición, la cual se produjo sin ningún tipo de incidente. El Concello de Bueu ejecutó subsidiariamente la orden de demolición, es decir que el particular deberá después abonar al Ayuntamiento el coste del derribo.

La orden de demolición es consecuencia de una denuncia que un particular presentó contra su colindante. En principio, la demanda hacía mención sólo a la barbacoa, pero después el demandante logró incorporar a la misma las edificaciones. El Concello de Bueu, cuando era alcalde Tomás Barreiro, también tenía abierto al propietario de la finca un expediente de infracción urbanística.

Cabe recordar que desde el año 2003 este tipo de infracciones son competencia de la Xunta de Galicia, concretamente de la Consellería de Política Territorial y Obras Públicas. Por eso en el Concello sorprendió que fuesen la administración local la que tuviera que ejecutar la orden judicial, en vez de la propia Consellería de Política Territorial, que sería normal que sus competencias las llevase hasta el final. Este fue una asunto que en su momento también trató la Federación Galega de Municipios y Provincias. El alcalde Félix Juncal recordó que el Concello tenía de plazo para ejecutar la demolición hasta mañana.

La primera vivienda que ordenó derribar el juzgado en el municipio de Bueu por estar dentro de una zona protegida, la Red Natura, también fue en Area de Bon. Fue el 26 de febrero de 2008 y la ejecución en este caso la realizaron sus propietarios.

Sin embargo, nada se sabe de los 285 expedientes por infracciones a la Ley de Costas que tenía la Xunta de Galicia sin resolver en 2007. La anterior administración, en la que María José Caride era la Conselleira de Política Territorial, era reacia a ofrecer información acerca de los citados expedientes. Al ex alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, no le constaba que la Xunta hubiese resuelto alguno y tampoco ahora al concejal de Urbanismo, Mariano Abalo.

La defensa a la que recurrió la Xunta fue que que muchos casos se encuentra también en las salas de justicia, ya que las decisiones firmes de la consellería fueron recurridas en vía contencioso por los particulares. En Cangas, las primeras infracciones afectaban a cobertizos de bloque y uralita y casetas de madera con caravana o viviendas prefabricadas, sobre todo en Areabrava, ahora Punta Alada es el lugar escogido.