Los miembros del Comité de Propietarios del Urbanizable Albariños acudieron ayer a la comisión informativa de Urbanismo de Moaña para preguntar, una vez más, si el Concello había enviado la documentación aportada por el colectivo para ser remitida al equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Nunca habían obtenido respuesta, pero ayer, para su sorpresa, el concejal de Urbanismo, Valentín Piñeiro, anunció que la información fue enviada el pasado 5 de abril a la empresa redactora, Arteplan, y que los técnicos del comité podrán reunirse con ellos para defender su postura.

Tras meses solicitando que se les informase de los trámites y el estado de la redacción del PXOM, los propietarios de Albariños, que piden que se recalifiquen sus terrenos, vieron ayer algo de luz en la problemática al saber que podrán defender sus “derechos”. Este cambio de actitud del gobierno local se debe, según el portavoz del Partido Popular, José Fervenza, a que “se dieron cuenta de su error” y lo relaciona con la derrota electoral del pasado 1 de marzo. Fervenza valora lo sucedido y opina que lo “único” que solicitan los vecinos de Albariños es la defensa de sus terrenos ante la Xunta que, “tanto le puede decir que se recalifican como que no”.

Por otra parte, otro de los motivos de la presencia de los miembros del Comité en la comisión informativa de ayer, era solicitar a la corporación la posibilidad de mediar ante la Subdelegación de Gobierno y evitar que las sanciones a 15 vecinos lleguen a la vía judicial. Sin embargo, no hubo respuesta, aunque en declaraciones previas al encuentro, Piñeiro explicó que “no es una cuestión que sea competencia del Concello”, .

Los procesos a los que se refirieron los miembros del comité se corresponden con las sanciones interpuestas por la Guardia Civil y Policía Local de Moaña el pasado 2 septiembre, cuando las movilizaciones contra el catastro y a favor de la recalificación de los terrenos de Albariños impidieron la entrada a la casa consistorial a varios miembros de la corporación local. Como consecuencia, a 15 vecinos se le abrió un expediente sancionador por parte de la Subdelegación de Gobierno y que en algunos casos ascendió a los 1.500 euros. El colectivo pidió ayer ayuda a los portavoces políticos alegando que la única solución a la problemática es plantear un contencioso-administrativo que “supone una gran carga económica” y muchos vecinos “no pueden asumirla”. Uno de los portavoces del comité, David Recondo, recuerda que los sancionados son, casi todos, mayores de 75 años por ello pide el apoyo del gobierno local. Fervenza también lo solicitó.