El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre el edificio número 2 de la calle Noria de Cangas. Considera que la licencia otorgada por el Concello es ilegal y que debe ejecutarse el derribo de gran parte del inmueble. Tanto este edificio, como su gemelo, el número 4 de la citada calle, se construyeron encima del río Bouzós. Ahora mismo, están bajo la amenaza de perder sus viviendas, alrededor de 60 familias. El abogado de la familia que inició el proceso judicial, José Carlos Lovera Núñez, que es hijo de uno de los demandantes, aseguró ayer que pide desde ya la ejecución de la sentencia. “Que el Concello proceda a cortar la luz, el agua y a ejecutar esta sentencia que es firme ya”. Lovera está pendiente de que recaiga también sentencia sobre el edificio número 4, que, según señala, carece de licencia municipal, “al contrario que el número 2, que la tenía pero que no era legal”, explica.
José Carlos Lovera recuerda que hace dos años el representante de Comunidades de O Morrazo intentó llegar a un acuerdo con las dos familias que entablaron el litigio, al verse sus edificios dañados seriamente en sus cimientos como consecuencia de la construcción de los garajes encima del río en los edificios número 2 y 4. Asegura que en ese momento se fijó una cantidad de 740.000 euros para liquidar el conflicto, pero que los constructores la consideraron excesiva. Los inmuebles fueron construidos por Pouba y la empresa de José Luis Álvarez Souto. Mantiene el abogado que en esta cantidad no entran los daños morales causados a la familia y que no hay intención lucrativa ninguna simplemente se contabilizó el coste de lo que valdría tirar y levantar de nuevo los edificios de sus padres y tíos. Recuerda que los inmuebles de los denunciantes tenían licencia para 5 alturas, que jamás se pudieron levantar por los daños ocasionados en los cimientos del edificio. Recuerda también que en Cangas, en juicio civil, perdieron sus representados.
José Carlos Lovera no entiende porqué los distintos alcaldes que tuvo Cangas desde que se inició el conflicto judicial a principios de los noventa siguieron personándose en la causa en las continuas apelaciones, cuando además era evidente que ambos edificios se construyeron encima del río, por lo que el Concello debía defender la legalidad urbanística. “Que lo tengan claro los propietarios actuales. Nosotros queremos tirar las viviendas ahora que la sentencia es favorable ¡Después de las que nos hicieron pasar! Además, las comunidades de vecinos de los dos edificios también se personaron en la causa contra nosotros”.
Sin noticias del Concello
Hasta el momento, nadie del Concello de Cangas se ha puesto en contacto con él, a pesar de que la sentencia firme sobre el inmueble número 2 de la calle Noria debió de llegar estos días al Concello. El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, aseguraba esta misma semana que no tenía constancia del fallo judicial, otra cosa muy diferente es que hubiese llegado al Concello de Cangas y que estuviera en otro departamento.
Estos dos inmuebles de la calle Noria enfrentan desde hace tiempo al hoy concejal de Urbanismo Mariano Abalo y al ex alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo. En enero de 2007, el ex regidor culpabilizaba a Mariano Abalo de consentir la construcción de estos dos inmuebles cuando fue presidente de la gestora de Cangas, en el año 1990. Afirmaba que tales edificios habían sido levantados con el consentimiento de Mariano Abalo, a pesar de existir tres requerimientos judiciales para paralizar las obras, con expediente de demolición que no fueron ejecutados. Por su parte, el líder de ACE contrarrestó las acusaciones de Sotelo y responsabilizó al PP de lo sucedido. Abalo aportó documentación para dejar claro que fue la comisión municipal de gobierno de 18 de noviembre de 1999 la que otorgó licencia para legalizar la situación del edificio Noria 2, y que la gestora de Cangas, lo que sí hizo fue tratar de evitar la construcción de los edificios. Abalo aportó expedientes relacionados con la denegación de licencia cuando él ejercía como presidente de la gestora, así como los expedientes de infracciones urbanísticas que se le abrieron a la empresa por invadir el río, con fecha de diciembre de 1990. También hizo hincapié en que las licencias comenzaron a tramitarse en época de Lois Pena, en 1988. Abalo mencionó que el edil de Urbanismo de la gestora, Marín García Cordeiro, fue denunciado por impedir estas obras.
Convenio urbanístico
El abogado José Carlos Lovera recuerda que su familia firmó en época de Sotelo un convenio urbanístico para que el río se pudiera desviar por una finca de su propiedad y anchear el puente de la calle Atranco, sin exigir nada a cambio.
