El registro de entrada del Concello de Cangas quedó prácticamente colapsado ayer por la mañana para sellar el aluvión de alegaciones vecinales al plan sectorial de Campo de Aldea, en la parroquia de Coiro, donde la Xunta proyecta construir 414 viviendas protegidas en una bolsa de suelo de casi 107.000 metros cuadrados. El número de alegaciones presentadas supera las 500, según las estimaciones de los vecinos, que aluden, entre otras razones, al exceso de superficie reservada para ese fin, a la concentración de vivienda protegida en una zona cuya demanda se considera suficientemente cubierta, al "grave impacto" que provocarán las construcciones en bloque en un lugar donde priman las viviendas unifamiliares, así como a las consecuencias negativas sobre el medio ambiente y los recursos naturales. La adecuación de los precios de compra de los terrenos al valor del suelo y la posibilidad de permutar fincas por edificaciones son otras propuestas que figuran en los escritos.

En la mayoría de las alegaciones particulares se solicita a la Consellería de Vivenda que "proceda a excluir del Plan Sectorial de Solo de Galicia con destino a viviendas protegidas la actuación en el Concello de Cangas denominada Campo de Aldea por resultar lo conforme a derecho". En la presentada por la asociación de vecinos Fonte de Cornilló se elude el término "exclusión" y lo que se pide es la "corrección" de dicho proyecto sectorial teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias de los vecinos de la zona para mejorar la propuesta inicial del Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Los afectados se quejan, en general, de la falta de información facilitada por la Xunta sobre el proyecto sectorial y la tardanza en trasladársela, lo que les obligó a paliar esas carencias a través de la prensa y de las asambleas vecinales. Alrededor de 60 personas disponen de fincas en el ámbito delimitado de 106.922 metros cuadrados, de los que más de un tercio pertenecen a los tres propietarios mayoritarios, y el resto se reparte en pequeñas parcelas. Además, existen ocho casas construidas, algunas de las cuales podrían ser excluidas del ámbito o integrarse en él. Desde el Concello se anunció esa posibilidad, así como la presentación de alegaciones para "adecuar" el precio que de pague por el suelo a su valor real.

Entre las alegaciones particulares a las que ha tenido acceso este periódico figuran las que aluden al hecho de que la zona de actuación está conformada por viviendas unifamiliares, por lo que consideran "absolutamente disconforme con su configuración la implantación de viviendas colectivas". En otras se muestra la disconformidad "con la configuración articulada por esa Administración", y consideran factible "una actuación más respetuosa con los derechos e intereses de los vecinos de la zona, lo cual se lograría con la reducción del ámbito, la exclusión de viviendas actualmente incluidas en éste y la protección de las que queden anexas" al mismo. Añade que "en todo caso, se considera que la ponderación de los costes derivados de la adquisición de los terrenos resulta mejorable, así como la posibilidad de permutar terrenos por edificaciones".

El modelo de alegaciones difiere entre los afectados, aunque en muchos casos las razones son coincidentes. Entre las presentadas en los últimos días se alude también a la "necesidad de evitar la excesiva concentración de viviendas de protección pública" en una zona donde la demanda está "suficientemente cubierta", o al hecho de que la zona de actuación se caracteriza por un "asentamiento consolidado de viviendas unifamiliares", donde las edificaciones en bloque proyectadas provocarán un "grave impacto", sin olvidar las "irreparables afecciones que se ocasionan a manantiales, el regato y humedal existentes en la zona, al igual que al bosque ubicado en su parte suroeste".