Siete millones de euros. Ésta es la tasación económica que hace el Estado de las islas de Ons y Onza y de todos de los bienes que hay en ellas. Así se lo ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dentro del proceso judicial para determinar la indemnización a la que tienen derecho los antiguos propietarios -la familia Riobó-de este archipiélago de Bueu. El juez acepta la valoración que realiza el Ministerio de Medio_Ambiente, aunque eso no significa que los ex dueños vayan a percibir esa cantidad. En estos casos sólo se abona el 5% del total, que aquí se traduce en 350.000 euros.

Sin embargo, según ha podido saber FARO, los Riobó han presentado un recurso de súplica contra ese fallo. Y es que la tasación del Estado difiere mucho de la que presentaron en su día sus representantes, que rondaba los 130 millones de euros. Conviene tener en cuenta que la ley establece que los antiguos propietarios no percibirán nunca el 100% de la cuantía en la que se tase el archipiélago, sino sólo el 5%. Es lo que en Derecho se conoce como el valor de afección o "cariño": cuando se expropia, al dueño se le paga el valor real y un 5% más como compensación. Este porcentaje , junto a los intereses devengados desde el inicio del proceso judicial, es la única cantidad que recibirá la familia, de ahí, que las partes tengan intereses contrapuestos: el Estado en una tasación a la baja y los Riobó, al alza.

La valoración encargada por el Ministerio de Medio Ambiente fue realizada por la empresa Tragsa, que para su elaboración tuvo en cuenta el valor medio de las fincas rústicas de secano y regadío en Galicia, lo que da un resultado un tanto distorsionado: no es lo mismo una parcela en el interior de las provincias de Ourense o Lugo que en la costa. Por su parte, los demandantes usaron como ejemplo los precios que se pagaron en las ventas de islas en otros sitios. Esta ecuación da también unos resultados discutibles, porque tampoco es lo mismo una isla en la costa atlántica de Galicia, que además forma parte de un parque nacional, que en el Caribe o en el Mediterráneo.

Ante esta situación y con el recurso de súplica presentado por los antiguos propietarios, el juez del TSJM tiene tres posibles alternativas: confirmar el valor de 7 millones de euros, conceder el valor de 130 millones que reclaman los Riobó o bien encargar una tasación pericial contradictoria. Si se confirma la primera opción, los antiguos propietarios percibirían 350.000 euros (casi 60 millones de pesetas) mientras que si se tiene en cuenta su propuesta esa cuantía subiría hasta los 6,5 millones de euros (más de 1.000 millones de las antiguas pesetas). Sin embargo, la tercera es la que se antoja como la más viable y consiste básicamente en una nueva valoración, pero realizada por un perito independiente. Lo que salga de ese proceso es una incógnita, pero si al fin se opta por esta vía lo más lógico es que se utilicen los valores empleados para los ejemplos más cercanos y que "curiosamente" también forman parte del Parque Nacional Illas Atlánticas: Sálvora y Cortegada.