Los ambulantes de etnia gitana que tienen puestos de venta en el mercadillo de Cangas han acordado realizar nuevas manifestaciones de protesta contra el reglamento que ha elaborado el Concello y que está en fase de exposición pública y alegaciones. Los colectivos gitanos vinculados a este sector se concentrarán el próximo viernes frente al edificio de la Xunta en Vigo para pedir la implicación del gobierno gallego ante este problema que, según aseguran, dejará en el paro a muchos gitanos y abrirá el camino "a la marginación y a la delincuencia para poder comer".

Además, los ambulantes gitanos preparan una nueva manifestación por las calles de Cangas que tendrá lugar el martes día 23 y que finalizará enfrente del consistorio. Los convocantes volverán a escenificar la situación a la que les conduce el nuevo reglamento y ya disponen del guión, a modo de película. La "historia" comienza con un padre que pierde su trabajo en el mercadillo y que no puede comprar el pan para sus hijos. A pesar de buscar un empleo, la falta de formación y de curriculum, así como el color de la piel le impiden acceder a un trabajo, por lo que comienza a delinquir y a robar para dar de comer a su familia. La representación termina cuando la policía lo detiene y lo conduce a la cárcel, donde el ambulante en paro reprocha a los gobernantes de Cangas haber creado un reglamento que les cerró otras salidas. "Esa es la realidad, no nos dejan otro camino", asegura Sinaí Giménez, portavoz de los afectados.

Al mismo tiempo que preparan estas movilizaciones, Goberno Galego do Pobo Xitano ha comunicado la situación que padecen a la Asociación Nacional de este colectivo y a la Unión Romaní de España para que inicien gestiones ante el Gobierno Central por lo que consideran una "normativa salvaje y discriminatoria contra los gitanos y los cooperativistas", una fórmula de trabajo asociado que, dicen es una de las dos fórmulas que contempla la ley, junto a la de darse de alta como autónomo. "También los payos pueden asociarse como nosotros;_lo que pasa es que no son tan unidos y optan por impedir que lo hagamos nosotros", explica Sinaí Giménez, que ve en la normativa canguesa un trato discriminatorio al colectivo gitano sobre la base de que no aportan réditos electorales a los políticos. "Curiosamente, los que nos quedaremos sin puesto de trabajo somos los que no votamos en Cangas", argumentan, y el reglamento "se ciñe literalmente a lo que dictan los comerciantes-electores".

Los ambulantes gitanos consideran más injusta esta situación teniendo en cuenta que "llevamos 30 años pagando nuestros puestos al Concello u los impuestos a Hacienda" y que "hay comerciantes con puesto fijo que vienen al mercadillo a saldar los restos", haciendo "competencia desleal a ambos colectivos". "Sin embargo, contra ellos no actúan", lamenta Sinaí Giménez, quien advierte que el nuevo reglamento municipal, de aprobarse en los términos redactados, "dejará sin trabajo a 56 de los 60 ambulantes gitanos del mercadillo de Cangas".