El Ministerio Fiscal presentó ayer un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Pontevedra contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas de prorrogar la libertad provisional de Ana Míguez. La presidenta de Alecrín está imputada en un presunto delito de inducción a la sustracción de menor y desobediencia a la autoridad por el caso de la niña de Moaña que permanece escondida junto a su madre para evitar que sea entregada a su padre durante un mes.
La fiscal ya había solicitado la prisión preventiva el pasado viernes después de la comparecencia de Míguez en los juzgados cangueses. La responsable del colectivo feminista fue citada como imputada en un procedimiento penal -abierto paralelamente al civil tras la denuncia del padre de la niña contra la madre por la sustracción de la menor- por sus declaraciones en los medios de comunicación en las que reconocía que sabía el paradero de ambas pero que no lo iba a desvelar. La magistrada decidió darle la oportunidad de colaborar con la Justicia y decretó un plazo de tres días para que dijese dónde se encuentran la pequeña y su madre, contra la que pesa una orden de busca y captura.
Una vez concluído el plazo fue citada de nuevo el miércoles con el objeto de trasladarle las medidas cautelares adoptadas. La Fiscalía volvió a solicitar prisión preventiva, aunque la jueza optó por prorrogarle la libertad provisional al entender que la medida es demasiado restrictiva por cuanto se aplica a delitos castigados con un mínimo de dos años de prisión. En un principio se le imputó un presunto delito de desobediencia a la autoridad -castigado con seis meses a un año de prisión- y sustracción de menor, que posteriormente se redujo a sólo inducción. La jueza desestimó la petición de prisión preventiva por entender que "Ana Míguez cumple en lo que puede con la Justicia y no puede solucionar el problema de la aparición de la menor porque es una decisión de la madre", tal y como explica María Jesús Villafáfila, abogada de la presidenta de Alecrín.
