Iván Riobó / O Morrazo

El juzgado de lo contencioso número 2 de Pontevedra condenó a la Mancomunidade de Municipios do Morrazo a abonar 1.160.355,62 euros a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en concepto de gastos de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de A Portela. La resolución obliga también al ente supramunicipal a asumir los intereses de demora, así como los intereses de estos intereses, cuya cantidad está todavía pendiente de establecer en el auto de ejecución de la sentencia.

La decisión judicial, contra la que la Mancomunidade no va a presentar recurso de apelación por recomendación de sus servicios jurídicos, "estima parcialmente" el recurso contencioso administrativo presentado en el año 2005 por la compañía para reclamar las cantidades que a su juicio le adeudaba el organismo comarcal. En concreto, FCC solicitaba el pago de un total de 1.747.581,82 euros por facturas del contrato de construcción de la planta de compostaje, al tiempo que exigía el pago de los intereses devengados desde la fecha de entrega de la obra.

Según indica el presidente de la Mancomunidade y alcalde de Moaña, Xosé Manuel Millán, los cálculos efectuados por los técnicos del organismo supramunicipal cifran la cantidad que deberá ser abonada finalmente en 1,2 millones de euros, de los que 300.000 corresponderían a intereses. La mayor parte del dinero restante, unos 850.000 euros, servirán para hacer frente al pago de las modificaciones introducidas en el proyecto de la planta y a la revisión de los precios solicitada por FCC pero que la Mancomunidade nunca llegó a aprobar. Tal y como explica Millán, con la última cantidad -50.000 euros- se salda la última certificación del contrato principal, que rondó los 4 millones.

Retraso en las obras

La solicitud de revisión y actualización de los precios fue solicitada en su día por FCC debido a que los cambios introducidos por el Partido Popular en el proyecto de la planta supusieron un retraso de dos años en el inicio de las obras desde que fueran adjudicadas en 1999. A pesar de ello, la junta de gobierno de la Mancomunidade nunca llegó a aceptar la petición de la empresa, por lo que ésta decidió llevar el caso a los tribunales.