La presidenta de Alecrín, Ana Míguez, se encuentra en libertad provisional por orden del Juzgado de Cangas en relación a un delito de desobediencia a la autoridad -castigado con penas de 6 meses a 1 año de cárcel- por negarse a revelar el paradero de la niña de Moaña que el colectivo feminista mantiene escondida junto a su madre para evitar que pase un mes con su padre. Ayer expiraba el plazo de tres días que el pasado viernes otorgó la juez a Míguez tras declarar en Cangas. El ministerio fiscal solicitó en esa declaración prisión preventiva para la presidenta de Alecrín. La juez sustituta del juzgado número 1 de Cangas -donde se siguen diligencias previas por presuntos delitos de desobediencia y sustracción de menor contra la madre de la pequeña, María García, y la propia Míguez- desestimó finalmente la petición y decretó su libertad provisional argumentando que "la imputada ha sido requerida formalmente en su declaración a fin de que comunique el paradero de la menor en el plazo de tres días".

La decisión judicial la dio a conocer ayer la presidenta de Alecrín en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede del colectivo en Vigo. "Non imos dar a coñecer o paradeiro da nena e como xa dixen estou a disposición do xuíz e da fiscalía", indicó Míguez, para a continuación asegurar que seguirá haciendo su vida normal, en alusión a una posible detención. A última hora de ayer no había novedades en este sentido.

La juez considera que "existen ciertos indicios objetivos, concretos y claros de la participación de la imputada en un delito de desobediencia", aunque opta por darle la posibilidad de que colabore con la Justicia y diga dónde se encuentra la menor. Al mismo tiempo, tal y como ya había adelantado este periódico, la magistrada ordenó a la Policía Local de Moaña que compruebe si la madre de la niña se encuentra en su domicilio con el fin de que comparezca en el juzgado. De no dar con su paradero, la resolución judicial establece que la orden de busca y averiguación se convierta en orden de busca y presentación en sede judicial. De igual forma, insta a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como locales, "a fin de que procedan a la inmediata averiguación del paradero de la menor, así como su entrega al padre".

Alarma social

En el texto de la resolución judicial se establece que la actitud de Míguez con respecto al caso de la menor moañesa causó una "evidente alarma social". En concreto la juez cita las declaraciones, tanto públicas como en sede judicial, en las que la presidenta de Alecrín dice conocer el paradero de la niña, "la cual debería haber sido entregada a su padre para cumplir el régimen de estancia establecido a favor del mismo".

También hace hincapié en el hecho de que la entrega no fue posible por la acción de un grupo de personas que se opuso, "interviniendo pública y activamente la representante de Alecrín, quien ha emitido juicios de valor en los medios públicos de comunicación posicionándose a favor de la madre y en contra de las resoluciones judiciales dictadas".

Por su parte, Míguez aseguró que la petición de cárcel se debe a que discrepa de una decisión judicial y a sus posicionamientos en contra del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que sería un proceso destinado a romper el vínculo de los hijos con uno de los progenitores. Finalmente, anunció que Alecrín publicitará en su página web los nombres de los juristas que lo apliquen y mostró su deseo de que la nueva ministra de Igualdad tome medidas en contra del síndrome.