La Guardia Civil de Pontevedra dio el visto bueno al plan propuesto por la concejala de Tráfico e Seguridade del Concello de Cangas para delimitar competencias y acabar con los roces entre los distintos cuerpos que el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez, se encargó de alentar en la última reunión de la Junta Local de Seguridad. El instituto armado remitió a las concejala el texto con algunas matizaciones que se calificaron de semánticas, pero que no suponen, al parecer, ninguna variación a la propuesta realizada el martes 1 de julio en una reunión casi secreta entre la concejala María José Vilas y los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Local. Básicamente, la Guardia Civil se haría cargo de la Seguridad Ciudadana en todo el municipio y garantizaría tener una patrulla durante las 24 horas del día, mientras que Policía Local asumirá la seguridad vial, con capacidad sancionadora en carreteras que no son municipales, algo que hasta ahora no tenía.
No obstante, María José Vilas no hará efectivo el acuerdo hasta que no tenga el visto bueno del subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez. La concejala lleva una semana esperando una respuesta del subdelegado. Pretende que el acuerdo no se quede simplemente en un convenio entre partes, sino en algo institucional que obligue a las partes.
Tardanza
La tardanza del subdelegado en contestar preocupa ya a todo el mundo. Estamos ya a mediados de julio y la afluencia a las playas ya es plena. Las carreteras ya empiezan a notar el tráfico habitual de esta época del año y parece urgente que a estas alturas haya ya una decisión. María José Vilas espera que hoy llegue a su despacho ya una respuesta de la Subdelegación del Gobierno.
Se había barajado la posibilidad de que este acuerdo se plasmara en una nueva Junta Local de Seguridad, pero parece que es inviable una nueva reunión.
La actual situación de impás es la menos deseada tanto por parte de la Policía Local como de la Guardia Civil. Nadie tiene clara las competencias y se pone en peligro, por ejemplo, el control de los accesos a playas y también la atención por parte de la Policía Local a órdenes de alejamiento por violencia de género.
