22 de abril de 2008
22.04.2008

Cinco trabajadores de Protección Civil ganan el pleito al Concello por despido

22.04.2008 | 02:00

La cantidad que debe abonar el Ayuntamiento si no admite a los operarios asciende a 70.000 euros

El juzgado número 5 de lo Social de Vigo obliga al Concello de Cangas a readmitir o indemnizar a cinco trabajadores de Protección Civil que habían sido despedidos a finales del pasado año y a hacerlo en las mismas condiciones existentes en la fecha de despido. El juzgado califica de improcedente del despido y fija la cuantía total de las indemnizaciones en algo más de 70.000 euros,
Las cinco demandas fueron presentadas por los trabajadores el 21 de febrero de 2008 y todos pedían lo mismo: que se declarara la nulidad del despido, condenando al Concello de Cangas a la readmisión en el puesto de trabajo o la indemnización correspondiente, con los salarios que dejaron de percibir.
A las demandas por despido, el Concello de Cangas se oponía por diversas razones. En primer lugar niega la existencia de despido, alegando que se trata de una finalización de contrato temporal, niega el fraude en la concentración temporal, si bien reconoce el carácter irregular de las contrataciones en el sentido de no haberse cumplido las exigencias propias de las mismas por parte de las Administraciones Públicas que darían lugar a la nulidad de los contratos de trabajo, lo que supondría la inexistencia del despido. El juez sostiene que la irregularidad de los contratos no puede perjudicar a los trabajadores, sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido los miembros del Concello que permitieron la irregularidad.
Señala también el juzgado que el concello no ha realizado acto expreso o tácito por el que se pueda entender que ha querido dejar sin efecto el despido o cese: "Lo que ha ocurrido es que los ha vuelto a contratar, en virtud de nuevos contratados de trabajo".
Señala también que el tribunal Supremo "ha venido declarando de forma reiterada que, en el derecho laboral español, la temporalidad de la contratación nunca se presume, sino que debe ser acreditada. Los demandantes acreditaron, según el juez, el fraude de la contratación temporal, "pues han sido contratados para cubrir necesidades ordinarias". La Justicia entiende que los cinco trabajadores estaban vínculos al Concello con una relación laboral indefinida.

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