"Chantaje", "atropello", "expropiación encubierta" y "coacción". Son algunas de las palabras empleadas ayer por los tres representantes del Partido Popular en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes durante una comparecencia en la que cerraron filas para aunar esfuerzos y tratar de evitar que el Estado se haga con los casi 5 millones de euros en remanentes que suman A Estrada, Forcarei y Cerdedo-Cotobade, fondos que, remarcan, no son más que ahorro procedente del bolsillo de todos los vecinos de estos tres municipios pontevedreses.

El alcalde de A Estrada, José López Campos, fue el primero en tomar la palabra. Lo hizo partiendo del contexto del necesario debate en torno a la financiación de los ayuntamientos, subrayando la importancia de que se alcance un pacto "que trate a los concellos de igual a igual", que permita su capacidad financiera para poder afrontar la prestación de servicios como administración más próxima al ciudadano. "Lo que no nos esperábamos es que el péndulo pasase de una punta a otra", confesó el primer edil estradense, que pasó a referirse a un acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, "por primera vez en 40 años" , se alcanza "sin el acuerdo de todos los grupos".

López se remontó al "desbocado" déficit público de 2012 y las medidas de restricción que lo acompañaron. Sin embargo, entiende que en un momento de "expansión" no tiene sentido mantener a los ayuntamientos sin utilizar los remanentes generados para poder afrontar desembolsos como los que ha de asumir A Estrada a modo de anticipo de obras financiadas con fondos europeos, que se justifican y se abonan con cargo a las arcas municipales a la espera de percibir las subvenciones concedidas. De este modo, el Concello soporta este cargo de Tesorería durante meses o, incluso, años. Puso como ejemplo el hecho de que A Estrada tiene justificados y anticipados 2,4 millones de euros de obras de la Edusi "y no recibió ni un solo euro".

La petición de los remanentes a préstamo por parte del Estado -que serían devueltos en un dilatado plazo- representa, a juicio del PP, "un golpe a la línea de flotación" de los concellos, "un chantaje" y un "pacto de trileros", subrayando que los fondos que se ponen encima de la mesa para los ayuntamientos provendrían de la propia cantidad que se les adeudaría.

En el caso de A Estrada, los remanentes actuales ascienden a 2,2 millones de euros. Por su parte, la exalcaldesa de Forcarei y portavoz del principal grupo de la oposición municipal, Belén Cachafeiro, indicó que en este municipio de Terra de Montes figuran 1,6 millones de euros de remanentes, alcanzados "con muchísimo esfuerzo" y después de haber ido invirtiendo un millón de euros en sus ocho años de gestión municipal. "Lo que se nos pide es que se lo entreguemos al Estado y nos dan una limosna, como si fuese beneficioso para los ayuntamientos", dijo Cachafeiro. Aludió después a la "carga de sectarismo actual" n el actual gobierno de Forcarei -se refirió a la falta de convocatoria de sesiones plenarias- y no ocultó que teme "que la firma de la entrega de los remanentes se vaya a producir" sin que pase por el debate de los distintos grupos de la corporación municipal. "Al final es dinero de todos los vecinos de Forcarei", remarcó.

El alcalde de Cerdedo-Cotobade y portavoz del grupo provincial del Partido Popular, Jorge Cubela, insistió en que los ayuntamientos llevan tiempo pidiendo que el Estado les deje usar los remanentes "y ahora lo que se pretende es quitarnos la gestión que fuimos propiciando", señaló. Consideró que la FEMP "claudicó de sus funciones "e "incumplió los objetivos para los que se creó", dándolo "un cheque en blanco al Gobierno sin contraprestación alguna para los ayuntamientos". Dijo que esta situación "tiene un nombre: Abel Caballero" y pidió a a todos los grupos que reacciones ante "una situación de intervencionismo". "El estado, que lleva tres años con un presupuesto prorrogado pretende hacer un corralito a los concellos para autofinaciarse", sentenció. En el caso de Cerdedo-Cotobade, Cubela cifró los remanentes en 1.100.000 euros. Indicó que en el caso de la Diputación de Pontevedra tendrían que entregarse "más de 25 millones de euros que dejarían de invertirse en los concellos".