El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, compareció ayer para valorar el primer año de mandato del gobierno de José Crespo. A su juicio, en estos doce meses el ejecutivo evidenció una nula capacidad gestora fruto de la inexperiencia de sus miembros y, aunque dejó al margen al mandatario, indicó que estamos ante "un año perdido porque así lo dicen los propios datos". Cuíña volvió a ofrecer al gobierno la colaboración estrecha de su grupo "durante un año" para cooperar en la gestión municipal, ,máxime ante una crisis que, vaticina, será muy agresiva. "Lo hacemos porque queremos a Lalín y nos duele ver como A Estrada o Silleda tomaron medidas económicas y este Concello fue por detrás" y, remarcó, en parte por la colaboración de la oposición en el diseño de medidas. "Había grupos que no querían, porque desconfiaban del gobierno", dijo, y aseguró que él intervino para lograr la unión.

En un repaso a la gestión del ejecutivo popular dijo que no habían sido capaces de llevar a cabo ninguna de las promesas electorales más inmediatas, pero tampoco otras más allá de los proyectos heredados del cuatripartito. Advirtió de que su partido será inflexible con los plazos del Centro Integral de Saúde (CIS) y recordó que la rúbrica del convenio con el Sergas lleva su nombre. El paquete de pistas por 400.000 euros, la reforma de Praza da Vila o los fondos millonarios del plan DUSI. "Además de aportar fondos a las bandas, que nos parece bien, no conocemos ningún proyecto del PP en este año". También apuntó, en relación a las promesas electorales para los 100 primeros días de mandato, dónde está el plan director del impacto del Xacobeo, la disposición de locales comerciales para emprendedores, o los planes de empleo, al tiempo que, dijo, se mantienen sin avances los principales contratos municipales como el SAF, el agua o la luz. "A nosotros nos amenazaban con ir a la justicia por no sacar el contrato del agua", apostilló. También echó en falta desbroces en el rural, cuestionó el estado del Cortizo y del campo de Barcia y mostró su sorpresa porque se pretenda pedir a la Diputación un terreno en Mouriscade para ampliar instalaciones municipales cuando el área recreativa está hecha un desastre. Nada, dijo, se sabe del plan de dinamización de la movida, la consecución de suelo industrial u otras promesas. "Ellos sí que son, no Crespo, un gobierno de rapaces y súper asalariados con asesores como Antonio Rodríguez que no están sujetos a fiscalización". Otra cuestión que puso de manifiesto fue el nulo avance en las concentraciones parcelarias.

En materia de transparencia censuró la involución democrática, con contratos a personas afines al PP y preguntó por la reciente contratación de un "familiar directo de la edil de Emprego" para la brigada de Obras. También echó en cara al gobierno sus prácticas oscurantistas, ejemplificando este asunto en que haya documentación pedida desde el 14 de enero todavía sin entregar.