Entre 2008 y 2013, los peores años de la anterior crisis económica, el número de coches que circulaban por España sin el seguro obligatario creció en un 22%. Ahora, con la nueva situación de recesión que se avecina tras el desastre económico que va a dejar tras de sí la crisis sanitaria del Covid-19, los expertos temen que se vuelva a notar un aumento de estas dos infracciones, a pesar de la importancia -y obligatoriedad- de tener el vehículo en buenas condiciones técnicas y de contar con la cobertura de un seguro.

Actualmente, se calcula que hay ya dos millones de vehículos sin seguro circulando por las carreteras españolas. Sería uno de cada diez, a pesar de las importantes multas que conlleva, a mayores de las graves consecuencias que puede tener en caso de provocar un accidente. En la provincia, el pasado año, fueron 3.389 las denuncias interpuestas por la Dirección General de Tráfico a conductores que circulaban sin seguro. Es decir, una media ligeramente superior a los nueve al día. Curiosamente, esta cifra supone un ligero descenso respecto a 2018, cuando se registraron 25 denuncias más por circular sin seguro. En cualquier caso, la vigilancia de la DGT y del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico sobre el cumplimiento de estas dos cuestiones es muy estrecha.

La DGT explica que no solo se comprueba que el vehículo cuente con toda la documentación en regla durante cada control, sino que también se vigilan los vehículos a través de medios automatizados de control y monitorización instalados en las carreteras. Hay cámaras y radares capaces de detectar esta circunstancia al momento. Fuentes de Tráfico en Pontevedra también aclaran que, con los datos obrantes en las bases de datos, se pueden detectar esta y otras infracciones si el conductor es captado por alguno de los cinemómetros -fijos o móviles- que despliegan tanto Tráfico como la Guardia Civil en las carreteras pontevedresas. Así, si le cazan a uno por un exceso de velocidad, enseguida se detecta si tampoco tiene seguro, por lo que también se le incluirá esta infracción.

Multas

Estos últimos datos, publicados por el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado popular Óscar Gamazo, desvelan que el número de sanciones impuestas en Pontevedra son muy parejas a las de la provincia de A Coruña, con 3.584 denuncias tramitadas.Las provincias con menos población, Lugo y Ourense, suman menos infractores: 1.548 y 1.429 respectivamente.

Según los datos facilitados por el Gobierno en respuestas parlamentarias al mismo diputado, estos vehículos sin seguro también se ven envueltos en accidentes. En la provincia se produce una media de 35 siniestros con heridos en los que se vieron implicados coches, motos u otros vehículos no asegurados. Entre 2015 y 2017 fueron 107 siniestros con heridos. ¿Qué sucede entonces? Es el Consorcio de Compensación de Seguros el que afronta o garantiza, con carácter subsidiario, el pago de los daños o las indemnizaciones derivadas de accidentes producidos por los vehículos sin seguro, más allá de las responsabilidades que pueda tener este conductor insolidario, o mejor dicho, el propietario del vehículo, en caso de no ser el mismo.

Daños

De hecho, la normativa señala que los dueños de vehículos que no tengan suscrito el seguro obligatorio de accidente se enfrentan a la inmovilización del automóvil, el depósito del mismo y a multas que van de 601 a 3.005 euros, en función del tipo del vehículo y de otras circunstancias. Por ejemplo, circular con un ciclomotor sin seguro supone 1.000 euros de sanción, 1.250 en caso de motocicletas, 1.500 para turismos y 2.800 si son camiones o autobuses.

El grave perjuicio causado por quienes circulan sin seguro se traduce en que es toda la sociedad la que acaba pagando la cuenta a través del consorcio de manera subsidiaria y, particularmente, aquellas personas que se ven afectadas por un siniestro contra un vehículo cuyo propietario no tiene seguro. Es por ello que la prima del seguro obligatorio del coche contiene un recargo de 3,5 euros destinada al Consorcio para afrontar los gastos producidos por estos vehículos. La ley contempla que las autoridades sancionadoras entreguen al Consorcio la mitad del importe recaudado en multas por este precepto para hacer frente a las indemnizaciones a las víctimas.