El gobierno lalinense aprobó ayer en pleno, con la abstención de la oposición, la licitación de un servicio que por su montante económico será sin duda uno de los más importantes del presente mandato. El nuevo pliego del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) fue traído a pleno de nuevo después de que el anterior fuese tumbado por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia a raíz de una alegación de Galáurea, empresa que actualmente corre con el servicio.
La edil de Servizos Sociais, Paz Pérez, presidió la sesión ante la ausencia del alcalde, José Crespo, y ya avanzó que no se descarta un nuevo recurso a un pliego que, entiende, ahora no debería tener razones de impugnación, pero que esta práctica es habitual en muchos concellos que están sacando a concurso la citada prestación pública. Los números del pliego indican que el Concello destinará al SAF 1.664.998 euros anuales que, al irse a un contrato de dos más tres anualidades, se irá hasta un tope de 8.703.996 euros.
Pérez explicó que la decisión de pensar en un contrato de un máximo de cinco años está justificada por la propia idiosincrasia del servicio, la complejidad de tener que elaborar otro pliego o por dotar de más estabilidad a los usuarios. Aunque hay más, las principales modificaciones respecto al documento anulado consisten en que se da a las empresas un período de 35 días naturales para presentar ofertas, se incluye un puesto de educador social o que se computan las asistencias en domingos y festivos. Al margen de otras consideraciones técnicas, se prevén 94.140 horas, de las que 19.240 corresponden a la modalidad básica, otras 69.657 en dependencia [condicionadas a las autorizadas por la Xunta] y otras 5.243 en fines de semana y domingos. Los precios oscilan entre los 17,25 y los 21,32 euros.
El portavoz del BNG, Francisco Vilariño, abrió su intervención lamentando el "ejercicio de escapismo" de Pérez por no reconocer que se estaba aprobando el nuevo pliego por la incapacidad del gobierno en la elaboración el anterior documento. A su juicio, el hecho de que el ejecutivo se negase, en septiembre, a prorrogar el servicio supondrá que de las arcas municipales deban salir entre 300.000 y 400.000 euros más, solo durante este período de provisionalidad, disparando la diferencia de coste en más de un millón ya con el nuevo contrato. "¿A quién beneficia que vayamos a cinco años?", exclamó. E insistió en que una espantada de Galáurea podría dejar a los usuarios sin atención al no existir ahora un vínculo contractual entre las dos partes.
La socialista Alba Forno recordó a Pérez que las previsiones iniciales pasaban porque este contrato estuviese listo en diciembre y preguntó qué pasaría si esto le ocurriese al anterior gobierno. Teresa Varela (Compromiso) tildó de "caos" la documentación y discrepó con el gobierno en que el expediente contase con los informes favorables de Intervención y se preguntó en qué se apoya la mayor estabilidad de un contrato a cinco años en vez de con un tope de cuatro. "Nosotros no estuvimos malmetiendo con las trabajadoras ni con usuarios cuando en el anterior mandato hubo que aprobar una subida del precio del contrato obligados por el incremento del salario mínimo", espetó a la bancada popular, cuestión que fue refutada por Pérez al alegar que solo hubo un encuentro informativo. Esta versión no convenció ni al coordinador de Compromiso, Rafael Cuíña, ni a Vilariño.
"Lo que pasará no lo sé, espero que todo vaya en condiciones normales, pero no sé si estará en verano o llegaremos a comer el turrón", adujo, ante las llamadas de Compromiso y Bloque Nacionalista Galego a que concretase una fecha para la adjudicación del nuevo contrato. Vilariño trató sin éxito que fuese refutada su tesis de la posibilidad de que el concello se quedase sin servicio, afirmó que un contrato a cinco años comprometía a la próxima corporación y Forno reiteró su exigencia acerca de la previsión temporal. Varela preguntó a la edil por la pregonada prioridad de una prestación que sigue sin contratarse después de casi un año de mandato. "Nosotros queremos mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, pero ustedes parece que no", remachó Pérez desde la presidencia del pleno.
Por otro lado, también salió adelante el acuerdo con el Concello de Agolada para acometer la adecuación de la Ponte dos Cabalos y el Camiño Real. La concejala de Cultura, Turismo y Parques y Jardines, Begoña Blanco, explicó de nuevo que se trata de una modificación en el proyecto, ya incluida por el cuatripartito y de la que no se había dado conocimiento a la administración vecina. Las obras, que prevén arrancar en verano, están supeditadas a la autorización de Aguas de Galicia, pues sí tienen permiso de Patrimonio.
