En la zona norte de la provincia, donde se ubican las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, el 54,10% de todos sus hogares cuentan con algún miembro con ingresos por trabajo, según indica el estudio de salarios del IGE. La ratio corresponde a 2018 (es el dato más reciente) y muestra un notable ascenso en comparación con diez años atrás: en 2008, menos de la mitad de los hogares tenían algún miembro asalariado. Eran, en concreto, el 49,16%.
Este incremento deja entrever la sutil recuperación económica tras la recesión, aunque sea a costa de empleos temporales y en precario. Pero también es cierto que ese 54,10% de hogares con nóminas es el porcentaje más bajo de toda la provincia, lo que puede darnos una idea de hasta qué punto en el interior pontevedrés es más difícil volver a insertarse en el mercado laboral. De hecho, en el área de Pontevedra Sur hay un 55,4% de hogares en los que entra algún salario, mientras que en O Morrazo son el 60,29, en Pontevedra el 63,03 y en Vigo el 63,20. El porcentaje más alto corresponde al área de Caldas-O Salnés, con el 64,72%. El argumento de que el interior lo tiene más difícil a la hora de volver a crear empleo queda en evidencia al ver algunas comarcas de Ourense y Lugo: en O Carballiño-O Ribeiro, solo el 39,7% de los hogares tienen ingresos a través de algún salario, mientras que en Lugo oriental el porcentaje es del 43,68%.
El informe del IGE no desmenuza este tipo de datos a nivel de áreas, pero señala que a escala gallega el aumento de hogares con alguna persona asalariada se da en aquellos que son unipersonales, mientras que la disminución es más notable en los que compone una pareja sin hijos. Y también a escala gallega, el 46,55% de hogares tienen algún miembro con salarios, mientras que sólo el 9,48% obtienen estos ingresos de algún integrante que trabaja como autónomo. Por último, el 42,41% restante viene de prestaciones, y queda un 1,56% de hogares que cubren el mes con otro tipo de ingresos.
Hay otro dato económico, difundido ayer, que permite ver cómo va la economía local. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió los lanzamientos hipotecarios por partidos judiciales durante 2019. Cuando una persona deja de pagar entre tres y seis letras de la hipoteca, la entidad financiera reclama todo el crédito pendiente, con un 20% del interés, a través del juzgado y para romper el contrato existente. Esto se llama ejecución hipotecaria. Pasados unos meses, si el hipotecado ni sus avalistas pudieron pagar todo el crédito reclamado, mediante una resolución judicial se le expulsa de la vivienda. Éste es el lanzamiento. Pues bien, durante el año pasado hubo 19 lanzamientos totales: 9 ordenados desde los juzgados de A Estrada y los 10 restantes, desde Lalín. Son los mismos que se produjeron en 2018 y además la cifra más baja desde 2013, como indica el informe del CGPJ. Y es que en ese 2013, en pleno ecuador de la crisis, hubo 44 lanzamientos en las comarcas, que en 2014 pasarían a 37. En los dos ejercicios siguientes hubo 53 lanzamientos en cada uno, que en 2017 alcanzarían su cénit con 54 (21 desde A Estrada y 33 desde Lalín). La caída de lanzamientos puede deberse al abono puntual de las hipotecas gracias a una recuperación económica, pero también al frenazo de la compra de vivienda. Y esto queda claro al ver que, de los 19 lanzamientos, sólo 9 corresponden a cuotas pendientes de la hipoteca, y los 10 restantes son por deudas de meses de alquiler. Salvo en 2018, los pasivos por arrendamiento siempre superaron a los impagos por la letra de la hipoteca.
