En 2018 el sindicato Comisiones Obreras había llegado a un acuerdo con el gobierno estatal del PP, que después sería retomado por el PSOE, para la estabilización del empleo de los trabajadores temporales de todas las administraciones. Este acuerdo marca que las personas con un contrato de un mínimo de tres años antes del 31 de diciembre de 2017 y cuyo puesto de trabajo esté reflejado en los presupuestos tiene derecho a que esa plaza salga a estabilización. Los concellos tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para incorporar dichas plazas en sus presupuestos, incorporándolas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y sacar la oferta pública de empleo en un mes. Eso sí, para realizar las pruebas selectivas hay un margen de tres años.

La cuestión afecta a miles de trabajadores en todo el Estado, y a más de 40 empleados tanto en el Concello de Lalín como en el Padroado Cultural. Si bien en 2015 Comisións Obreiras presentó sendas denuncias ante Inspección de Trabajo por la situación de estas personas, forzando que este organismo viese un fraude de ley en una situación laboral que debía convertirlas en indefinidas no fijas, con la normativa sacada en 2018 ya no son necesarias las demandas en los Juzgados de lo Social ni Inspección tiene competencia para declarar indefinidos no fijos, como explicó ayer el secretario comarcal de CC. OO. José Luis Pedrosa.

Sin embargo otro sindicato, CIG, sí alentó a la mayoría de estos 40 afectados a presentar denuncias para pasar a ser indefinidos. Estas denuncias "causan problemas, porque la Lei de Emprego Público de Galicia dice que cuando hay una sentencia que declara indefinido no fijo, hay que incorporar a esa persona a la RPT en tres meses y después sacar la oferta pública de empleo". Pero la realidad de Lalín es que varios trabajadores llevan más de un año con esa declaración de indeficinión y aún no se han cumplido los demás plazos.

En el caso del personal eventual, para pasar a ser indefinido el Estatuto Básico del Empleado Público marca que las pruebas deben ser o bien por concurso oposición, o bien por oposición libre o bien por concurso de méritos. La tercera opción sería la más idónea para estos trabajadores y se aplicó en casos como las pruebas de la Autoridade Portuaria de Vigo, donde un 80% de las pruebas procedían del concurso de méritos y e 20% restante, de una entrevista. "Va a depender de la voluntad política del Concello de Lalín escoger un sistema u otro", indicó Pedrosa, que avanzó que "trataremos de defender que aquí y en otros municipios con procesos en marcha, se haga de la forma más favorable para el personal que lleva años defendiendo ese puesto de empleo".

Durante el gobierno de coalición, cuando Comisións logró con una de sus demandas que se declarase la indefinición del personal del patronato y el pago de atrasos y antigüedad al resto de laborales, el entonces alcalde, Rafael Cuiña, cifró el coste entre 800.000 euros y un millón. La cifra, al final, fue de 100.000. Otro sindicato, CIG; aseguró que esta medida ponía en peligro los puestos de empleo. "El entonces alcalde actuó de forma lamentable, acompañado de algún sindicato, que ahora colocó a los trabajadores en una situación de riesgo", esgrimió Pedrosa ayer.