Cinco ayuntamientos de las comarcas estaban sujetos hasta finales del año pasado a planes de ajuste obligados por el Estado por distintas motivaciones. La mayor parte de ellos están vinculados al incumplimiento de la ley relativa al pago a proveedores, que establecía un tope máximo de 30 días para que estas administraciones pagasen sus facturas. Según las conclusiones del Ministerio de Hacienda el Concello de Silleda concluyó de manera favorable este plan, del mismo modo que Cerdedo [al ser aprobado en 2012 todavía figura como un único concello].
En Agolada al ministerio le constan dos planes de ajuste por la normativa de pago a proveedores o su ampliación legislativa. Uno de ellos se da por finalizado a 31 de diciembre del año pasado, mientras que otro fue informado de manera desfavorable. En Forcarei, con el mismo procedimiento, también se concluye que este municipio atendió sus obligaciones.
En Dozón aparecen hasta tres epígrafes distintos de planes de ajuste. Uno por pago a proveedores fue calificado como favorable y otro, no. Sí se da por rematado un tercero relativo a reintegros por liquidaciones contables negativas.
