La regla de gasto es un precepto fiscal normativo introducido por el Gobierno central en plena crisis que somete a las administraciones públicas a un férreo control para evitar los números rojos en sus cuentas. Aunque últimamente la agrupación de municipios a nivel estatal está tratando de convencer al Estado de una mayor flexibilidad en esta ley, lo cierto es que los concellos están pagando una vez más las consecuencias del conjunto de un déficit del que precisamente no son los principales responsables.
La regla de gasto es, en esencia, una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española que el ministerio calcula en base a la media móvil del crecimiento del PIB. Así, para el año 2018 se estableció en el 2,4% la variación anual, mientras que para el siguiente y para el actual curso son tres y cuatro décimas más. El Ministerio de Hacienda acaba de hacer público un informe -con datos a 13 de febrero- sobre los incumplimientos normativos. Del mismo se desprende que cuatro concellos de las comarcas incumplieron la regla de gasto en las cuentas de 2018, siempre, en función de la información facilitada por las propias administraciones locales, que en el caso de Deza y Tabeirós-Montes han sido todos. Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro y Cerdedo-Cotobade son los ayuntamientos que vulneraron dicho objetivo. Por el contrario, la totalidad de las administraciones locales han cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria.
En la misma documentación se concretan los importes correspondientes a los saldos no financieros, también ya con datos de las liquidaciones presupuestarias de 2018. En total el superávit de los concellos de la zona rebasa los 7,2 millones de euros y todos registran un balance positivo. En Lalín la suma asciende a exactamente 2.951.793 euros y en A Estrada son 1.765.669. El desglose de los demás municipios y cuantías es el siguiente: Silleda (325.330 euros), Vila de Cruces (19.119), Rodeiro (990.368), Agolada (372.567), Dozón (68.073), Forcarei (78.772) y 679.395 en el caso de Cerdedo-Cotobade. El hecho de que una administración municipal liquide sus cuentas con superávit no quiere decir que pueda destinar luego esos fondos a servicios o inversiones que estime oportunas. Una vez más se dan de bruces contra la contestada normativa estatal y todavía no está claro cuándo y qué cantidad de dinero podrán invertir.
