El Concello de Lalín se verá forzado a anular la licitación del concurso del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un contrato millonario que obliga a la administración local a retrasar un proceso de una prestación básica para numerosos vecinos. Un recurso de la sociedad Galáurea, actual concesionaria, provocó que el ejecutivo acordase el pasado día 10 el desestimiento de la licitación de un servicio para el que se había fijado un coste de 1,6 millones de euros anuales para dos ejercicios, pero con la posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de cinco.
En el acuerdo se indica que en diciembre de 2019 el pleno había aprobado el expediente de contratación, fijando el 18 de febrero de este año como fecha tope para la recepción de ofertas. Pero el 19 de enero pasado Galáurea interpuso un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos de cláusulas administrativa de dicho expediente. Ya el pasado día 6 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia notifica la resolución del recurso, en el que estima parcialmente las alegaciones de la empresa y aduce que el Concello debería elaborar un nuevo cálculo "de los elementos económicos de la licitación teniendo en cuenta el objeto del contrato y las exigencias establecidas en el pliego de prescripciones técnicas" en lo referido al convenio colectivo de aplicación, fijar la categoría y el personal necesario para llevar a efecto el contrato y el cálculo del presupuesto y el valor estimado del mismo. Luego se concluye que teniendo en cuenta que no había ofertas de ninguna empresa es procedente desistir en el procedimiento de adjudicación y iniciar un nuevo expediente "estimando el precio de manera correcta, con el fin de evitar que por razones de urgencia y necesidad, el expediente llegue a generar derechos y obligaciones para las partes".
Desde la empresa se justifica la presentación del recurso pues, a su juicio, el procedimiento administrativo del contrato elaborado por el Concello tiene severos errores. Marta Blanco, representante de Galáurea, tilda de "despropósito" algunas de las cláusulas, pero lo que considera más grave es que el gobierno local no tuviese en cuenta que con sus cálculos de costes el servicio fuese a todas luces inviable para cualquier compañía. Indica que si el contrato salía a licitación por 1.604.989 euros anuales, el coste del servicio para la empresa rondaba los 1.556.000; es decir, que ni siquiera se estaba respetando el 6% de beneficio empresarial mínimo, antes de impuestos, que establece la legislación, pues con la explotación del SAF las ganancias se situarían en solo el 2,97%. "Es más, mandamos un escrito que ni siquiera contestaron", alega. No me extraña que no se presentara nadie", relata. En lo que respecta al precio ordinario del servicio (17,14 euros la hora) Galáurea estima que se trata de una cuantía más o menos razonable, pero la empresa tiene unos costes que hay que imputar, además de otras mejoras exigidas en el contrato, que lo harían inviable.
Blanco explica que el Concello tomó como referencia para realizar el cálculo del coste del servicio el montante que podrían suponer las nóminas del personal a efectos del año 2018, cuando el SAF, además, iba a ser adjudicado en 2020. Recuerda que también habían recurrido a la vía judicial para exigir el pago de 40.000 euros por los sobrecostes del servicio. "Nuestra asesoría jurídica nos dijo que este pliego tenía una gran cantidad de errores y que no se sostenía", señala. También discute el modelo de tablas salariales utilizado para el concurso.
