Hay decisiones de los políticos que la razón de los ciudadanos no alcanza entender y así aconteció ayer en el pleno de Lalín. El PP hizo valer, por segunda vez en pocos meses, su mayoría absoluta para rechazar la demanda de la oposición de exigir a la Xunta la dotación de una ambulancia medicalizada para la comarca con base en la localidad. Los populares apoyaron su decisión, además de en lo que pareció esa disciplina de partido tan común y que no entiende de siglas, en la "utilización política" y el oportunismo de la oposición para votar en contra y defendieron otras vías para lograr este objetivo: mejorar la red de transporte sanitario urgente.
La sesión, forzada por Compromiso por Lalín, PSOE y BNG, arrancó con la exposición del portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, quien fue el primero en recordar al gobierno -luego lo harían las demás fuerzas- que el PP local había sido tiempo atrás el único caso en Deza en votar contra de la iniciativa que ayer se reiteraba en un pleno monotemático. "Anteponer los intereses partidarios es uno de los peores pecados en temas políticos", dijo. Recordó que esta reivindicación, llevada por el BNG a la calle, fue apoyada por 5.000 firmas y acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de mentir al anunciar en sede parlamentaria una nueva ambulancia para Lalín, cuando lo que llegó fue un vehículo de apoyo con un solo técnico sin titulación. También refutó los datos del 061 sobre los 2.427 traslados efectuados por las unidades de soporte vital básico de la comarca, situando el balance en más de 5.000.
El socialista Román Santalla pidió consenso y -en una cierta pugna con el BNG para reivindicar quién había hecho bandera de esta demanda histórica- aseguró que su formación siempre había exigido una ambulancia medicalizada, recordando asimismo el acuerdo unánime de la cámara municipal de julio del año pasado. Cifró el coste de este servicio para la Xunta en entre 600.000 y 700.000 euros, "que es lo mismo que se gasta en curas para los hospitales" y acusó a los populares de haber cambiado de criterio al aceptar ahora unos medios de un perfil más bajo. "Son incapaces de mirar a la gente a la cara porque les mienten". Tanto Santalla como Vilariño y Rafael Cuíña -líder de Compromiso-, echaron en cara al PP que la exigencia de una ambulancia medicalizada figurase en su programa electoral.
El exregidor recriminó al gobierno que con su más que posible voto contrario al término del debate evidenciase lo que él entiende que es la antítesis de la política: negar mejoras a sus vecinos y rechazar una propuesta pensada "para salvar vidas". "Lalín es el único caso en Deza donde el PP vota en contra",dijo, y se preguntó si la falta de ambulancias y, en consecuencia de personal capacitado, debe ser suplida por la Policía Local o con taxis prestando esta asistencia.
La edil de Sanidade, Eva Montoto, fue la encargada de defender la postura del gobierno y atribuyó el veto a la propuesta a la utilización política de la sanidad que hace la oposición desde hace tiempo. "Para vosotros la ambulancia medicalizada es una herramienta política", indicó, al tiempo que recordó que el cuatripartito nunca había exigido, en su etapa de gobierno, esta unidad avanzada.
La "catedral" de Casares
Echó la vista atrás para recordar como el exedil de Saúde Pública; el socialista Nicolás González Casares, había dicho en octubre de 2015 -cuando se aprobó la petición al Sergas de la medicalizada- que este recurso tendría un coste desproporcionado para la Xunta y que dotar de este recurso a una localidad "era como hacer una catedral". "¿Se equivocaba Casares o se equivoca ahora el señor Santalla?", consultó al portavoz socialista. Montoto -también enfermera de profesión como el ahora eurodiputado del PSOE- subrayó que como vecina respaldría la campaña de firmas del BNG, pero como edil tenía que pensar en buscar alternativas menos belicosas para alcanzar el mismo fin: la mejora de la sanidad en la localidad y la consecución de una unidad medicalizada y, además, dijo que un acuerdo plenario sirve de poco si, apuntando al anterior gobierno local, luego no hay gestión para alcanzar un objetivo. "Cuando dejen de hacer política y vuelvan al consenso, nosotros volveremos a estar a favor de la medicalizada, pero mientras nos toca hacer gestión".
Vilariño preguntó a la edil si los miembros de una corporación no están para hacer política y señaló que una de sus primeras iniciativas como miembro cuatripartito fue, en octubre de 2015, reclamar la unidad medicalizada.
Santalla negó las acusaciones de Montoto y garantizó que su partido siempre se mantuvo en la misma posición. "Fue usted la que cambió de postura", recriminó a la miembro del gobierno, en alusión a una iniciativa consistente en la exigencia de una unidad de soporte vital básico luego enmendada por Vilariño y la propia Montoto para reivindicar, en julio del año pasado, la de mayor dotación de recursos humanos y materiales. Además, en relación a la situación de la sanidad pública en Lalín, el socialista dijo que el estado del actual ambulatorio es propio de una infraestructura sanitaria "de Venezuela".
Cuíña apeló a la presión política y social para alcanzar objetivos y citó la recuperación, en Verín, del paritorio. Y se preguntó si el PP en el resto de los concellos dezanos también trató de dar una bofetada a la Consellería de Sanidade cuando recientemente apoyó la solicitud de una ambulancia como la que se estaba reiterando ahora. "Dicen que jugamos con la vida de las personas, pero políticamente quien lo hacen son ustedes y nos echan la culpa a nosotros". "¿Duerme tranquilo cada vez que hay un accidentado? ¿Está para defender los intereses de los lalineneses?", inquirió al alcalde, José Crespo.
Montoto, además de avanzar ya el voto contrario del PP, propuso retomar el acuerdo unánime consistente en trasladar a la Xunta la necesidad de dotar a Lalín de otra ambulancia asistencial de servicio 12 horas- la cuestionada de apoyo llegó en diciembre pasado- y que el Sergas, tras analizar las necesidades, valorase la medicalizada. Su llamada al consenso cayó de nuevo en saco roto, pero en el pleno de hoy el PP retomará esta iniciativa. Vilariño mostró su sorpresa por el hecho de que el gobierno, con esta transacional, estaba obligando a la oposición a ser menos exigentes que el PP en el resto de los concellos dezanos. "Tienen miedo a la reacción social", exclamó Cuíña, quien recriminó al actual gobierno que, en su concepto de entender la política, en la oposición se hiciese fotos con el conselleiro Almuíña para anunciar mejoras en sanidad, mientras el cargo del gobierno gallego le negaba a él encuentros como alcalde.
Crespo defendió las tesis de su compañera y apuntó que su experiencia le dicta que para lograr un objetivo no se debe recurrir al enfrentamiento con quien tiene la responsabilidad de poder atender tus demandas. "En su lugar igual haría lo mismo, porque con los temas sanitarios se abre una importante brecha de desgaste, pero yo quiero tener paz y tranquilidad con la Xunta, gobierno quien gobierne",apuntó al BNG. Dijo que la consellería tiene una deuda histórica con Lalín y que quedará saldada con inversiones por más de 10 millones de euros. Las primeras, el servicio de hemodiálisis que arrancará en junio y hospitalización a domicilio que ya funciona con gran aceptación por parte de los usuarios hace más de un año, y la otra la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS), cuyo proyecto básico entró la semana pasada y que en un mes podría tener licencia. Cifró en 7 millones la inversión en el compelo sanitario de Alto de Vales. Cuíña recordó que este equipamiento fue conveniado por él y el conselleiro en el anterior mandato.
El pleno fue seguido por un grupo de vecinos, entre ellos cargos y simpatizantes de grupos de la oposición, y también acudió el parlamentario autonómico socialista Julio Torrado.
