Era evidente que la mayoría absoluta del gobierno de Silleda iba a mantener la decisión del gobierno de actualizar su ponencia de valores catastrales, autorizada por Hacienda a finales de diciembre. El PP forzó un pleno extraordinario en el que pedía el rechazo a eta actualización y el inicio de los trámites para modificar la ordenanza del IBI y rebajar los tipos a lo mínimo que marca la ley (el de urbana 0,4, el de rústica a 0,30 y el de Bices a 1,3).

Los populares tuvieron el voto a favor de la edil del BNG, Tania Cornado, que ya en numerosas ocasiones pidió mediante mociones bonificaciones para el IBI de urbana en el rural. Los dos partidos criticaron al ejecutivo local por solicitar dicha actualización el 26 de junio, justo la jornada siguiente a la celebración del pleno de organización, que también criticaron por el aumento de sueldo del regidor, Manuel Cuíña (a 12 céntimos del máximo legal permitido) y el incremento de dedicaciones. La decisión de actualizar la ponencia fue tomada entre el equipo de intervención y Cuíña, edil también de Facenda. La resolución no tiene que publicarse en decreto ni tampoco ir a pleno, que sí debe aprobar o no la actualización.

La actualización de valores catastrales permite equiparar los recibos al valor de mercado. Tiene que hacerse al menos entre 5 y 10 años, y la de Silleda cumplió ya 31, igual que Dozón, Rodeiro, Agolada, Campo Lameiro, Cangas, Cuntis y Mos. Cuíña esgrimió que en estos 31 años hay municipios que ya actualizaron sus ponencias un par de veces y que, de no hacerlo el gobierno local, acabaría ejecutándolo el estatal y quizá con una subida mayor que la va a aplicarse, que será de un 3%. Para Cuíña, servirá para poner al día "mansiones que pagan 40 euros de tributos", mientras algún piso en los cascos urbanos tiene que abonar 200. La ponencia de valores entrará en vigor el año que viene.

Para Cuíña, el aumento de la ponencia va a traducirse en una mejor dotación de servicios, como en su momento ocurrió con el incremento del recibo de la basura. Negó, además, que la carga tributaria de Silleda fuese excesiva, ya que antes del catastrazo estaba en 99 euros por vecino y ahora se coloca en los 119. Con la actualización de valores, pasará a los 139 euros por habitantes, mientras que en Lalín es de 142 y en concellos similares en población, como Moaña o Ribadumia, está en los 147 y los 150.

De poco sirvió que el líder del PP, Ignacio Maril, replicase que buena parte de los silledenses pagan tributos con pensiones muy bajas, o que con su propuesta de rebajar los tipos impositivos eso se tradujese en un descenso de 300.000 euros en la recaudación, que podrían compensarse con el ahorro en dietas de intercambio con localidades hermanadas. Mientras el portavoz popular insistía en que en 2018 la recaudación de impuestos pasó de 1 millón a 1,5 millones de euros, Cuíña se esforzó en aclarar que esto no se debe a ninguna actualización de valores sino a los efectos de legalización del catastrazo en ampliaciones de viviendas, piscinas o inmuebles de uso agrícola sin actualizar. Por cierto, Silleda fue de los primeros municipios en bonificar el IBI de las explotaciones agrarias víctimas de esta revisión catastral promovida por el gobierno estatal del PP. Y contraatacó diciendo que un recorte en la recaudación supondría tener que invertir menos en reparar aceras, en bacheos o en subvenciones.