Los dos representantes de Movemento Veciñal Estradense (Móvete) en el seno de la corporación municipal, Mar Blanco Casais e Iván Sanmartín Eirín, presentaron una queja ante el Valedor do Pobo por la actuación del ORAL de Pontevedra -organismo provincial de recaudación- y subsidiariamente del Concello de A Estrada en relación a la gestión de los recibos de cobro resultantes del proceso de regularización catastral que finalizó en el término estradense en 2019. Dicho procedimiento generó un incremento del valor catastral de un importante número de propiedades, a raíz de los cuales el ORAL emitió -siempre según recoge el documento presentado por Móvete ante el Valed-"avisos de liquidación de ingreso directo en los que se le reclamaban a muchos vecinos estradenses recibos correspondientes a los últimos cuatros años del IBI. Es en este proceso de reclamación en el que Móvete sustenta su queja, al considerar que "no se ajustó a derecho".
Apunta esta formación política que los citados avisos de liquidación de ingreso directo fueron emitidos "por correo ordinario a finales del pasado mes de noviembre", estableciendo como fecha de pago el 5 de diciembre de 2019. Aseguran que en ellos existía un apartado destinado a la información del contribuyente en el que se establecía: "este documento de cobro es un aviso de pago". Indican que, a continuación, se establecía la dirección de una página web donde se podría realizar el pago electrónico o presentar recursos y solicitudes.
"El hecho de emitir este documento por correo ordinario y dando este plazo tan breve de pago" -los motivos que fundamentan la queja de Móvete-- "produjo una gran confusión entre los contribuyentes, ya que muchos de ellos solo pudieron acceder a la información recibida cuando comprobaron sus buzones y, dada la cercanía del plazo del 5 de diciembre, se generaron importantes colas en las oficinas del ORAL de A Estrada", apunta este grupo. Añade que muchos ciudadanos se vieron abocados a "sufrir apuros económicos para abonar los recibos en las entidades bancarias".
Los concejales de Móvete sostienen que la referida práctica "no es ajustada a derecho". Apunta que "se vulnera loa establecido en los artículos 62 y 109 de la Ley General Tributaria" e inciden en que la legislación vigente establece que las notificaciones deben hacerse "de modo que se deje constancia de su recepción". Añaden a ello que el plazo de pago voluntario debería haber sido "mucho más largo que lo establecido en los avisos de liquidación recibidos por parte de la ciudadanía estradense". Remarca que sería "imprescindible tener seguridad" de que el ciudadano recibió el requerimiento de pago.
Segundo aviso
En este punto, Móvete informó ayer de que su portavoz, Mar Blanco, se puso en contacto con las oficinas del ORAL de Pontevedra para hacer notar estos supuestos fallos legales. "Como respuesta le señalaron que el plazo del 5 de diciembre de 2019 solo era orientativo y que no pasaba nada por no cumplirlo, ya que en el caso de no hacerlo recibirían otra comunicación por correo certificado", aseguran. Móvete dice haber confirmado este extremo en el caso concreto de algunos contribuyentes que no pagaron en la fecha del 5 de diciembre y que habrían recibido "una comunicación que sí cumplía los requisitos legales, ya que fue emitida por correo certificado y establecía expresamente los plazos del artículo 62 de la Ley General Tributaria".
La queja que Móvete presentó ante el Valedor do Pobo pone el acento en su consideración de que existió una actuación "que supuso un perjuicio para muchos ciudadanos" y que atribuyen directamente al ORAL de Pontevedra y, subsidiariamente, al Conecllo de A Estrada "por omisión". Insiste en que el ente local era consciente de estas molestias al ciudadano y de las colas que se estaban produciendo en el ORAL. "Entendemos que era un deber en todo caso del Concello de A Estrada, todavía más cuando este organismo es el titular y beneficiario del IBI, siendo la cesión de su gestión al ORAL una facultad que tiene el organismo municipal pero que no lo libera de su responsabilidad de cara a los contribuyentes", subrayan.
Finalmente, Móvete señala que la actuación que suscita su queja ante el Valedor generó también una situación de desigualdad entre los ciudadanos. Apunta que muchos creyeron que tenían la obligación de realizar el abono antes del 5 de diciembre mientras que, "los pocos que no lo hicieron así" -por descuido, por falta de capacidad económica o por tener "un conocimiento más profundo de la legalidad- todavía hoy día "gozan de un plazo de abono de dichas sumas mucho más amplio y cómodo, sin tener que sufrir ningún tipo de sanción o recargo".
