En una nueva vuelta de tuerca sobre las contrataciones y los trámites para licitar servicios caducados en Vila de Cruces, el bipartito reacciona contra las declaraciones del PP y vuelve a explicar que se vio obligado a contratar los servicios jurídicos de Roibás Vázquez "por la complejidad de la Lei de Contratos del Sector Públicos, que hace especialmente difícil de compatibilizar el quehacer diario del personal del Concello con la tramitación de los expedientes de contratación".
A la falta de personal y de medios técnicos que padece Vila de Cruces desde hace tiempo se suma, ahora, el incremento y la complejidad de los expedientes. La empresa mencionada que se fichó por más de 18.000 euros colaborará en la redacción de la documentación propia de cada expediente y apoyará su tramitación, "siempre bajo la dirección y supervisión de los funcionarios habilitados nacionales", que son las personas que desempeñan las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Por cierto, a día de hoy Cruces cuenta con un interventor acumulado de otro municipio, que se traslada un día por semana al ayuntamiento dezano, con lo que es lógico que los trámites se vean ralentizados. Ocurre lo mismo con la Secretaría de Dozón, por poner un ejemplo.
Sobre los servicios que caducaron entre los años 2002 y 2018 y que siguen funcionando sin prejuicios para las arcas locales, como indicó el PP, el bipartito señala que "se le debe preguntar a los departamentos fiscalizadores del Concello si tienen la misma opinión que el anterior alcalde", Jesús Otero. El gobierno menciona la licitación del servicio del agua, cuya adjudicación expiró en noviembre. Corrige al exalcalde y sostiene que la documentación no entró en el registro municipal antes del cambio de gobierno, como afirmaba Otero, sino el 8 de agosto. Ahora mismo, está siendo revisada por los departamentos fiscalizadores.
Mapas de Hilgen
El gobierno de coalición sale también al paso del escrito que presentó Antonio Presas al Concello de Lalín y en el que le demanda que presente una demanda judicial contra Vila de Cruces por el extravío de medio centenar de mapas del geólogo Jan Dirk Hilgen.
El gobierno explica que en el archivo cruceño "no obra ninguna documentación" sobre la cesión que hizo Lalín del material de Hilgen en diciembre de 2012, y por un periodo de cinco años. Ni siquiera localizó una copia de ese convenio de cesión, por lo que pidió una copia de todo el expediente a Lalín. Además, el pasado 23 de diciembre envió una notificación a Jesús Otero solicitándole información sobre el legado y su estancia en el Museo da Minería. Otero recibió la notificación el día 29 y todavía no ha respondido.
