Según los datos del IGE del año pasado, en Deza viven 40.063 personas. De éstas, en torno al 9,3%, es decir, 3.767 vecinos, tienen reconocido algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. La inclusión de estas personas pasa no solo por poder compartir los mismos espacios educativos, lúdicos o laborales del resto de la comunidad, sino también por poner en marcha una serie de medidas que faciliten su autonomía.
Unas de esas medidas se refieren a las barreras arquitectónicas. En 2017, la Diputación convocó ayudas para que los concellos de menos de 50.000 habitantes pudiesen redactar sus planes de movilidad urbana sostenible. Son proyectos que priman los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público frente al uso del coche, pero también contemplan cuestiones como aceras más anchas, zonas con velocidad limitada y otras alternativas idóneas para personas con movilidad reducida.
Lalín obtuvo una ayuda de 20.000 euros, mientras que Silleda recibió 15.000 y Cruces, 9.000. El PMUS de Lalín, cerrado por el anterior ejecutivo, tiene ya algunas modificaciones del gobierno actual. En Silleda, el documento se debatirá entre todos los agentes y el de Vila de Cruces se dio a conocer hace un mes, incidiendo en la estrechez de aceras en puntos como la rúa Neira Vilas.
Lalín puede presumir de ser un concello accesible, basta con ver las numerosas pegatinas que lucen locales tras la iniciativa de Working Wheels. Aun así, quedan engorros como la cabina de teléfonos en media acera de Pintor Laxeiro. No ocurre lo mismo en Vila de Cruces: días atrás, el BNG dejaba constancia en el pleno de la presencia de barreras arquitectónicas en el pabellón de deportes o en las piscinas municipales. Llevan años ahí, y el bipartito hizo amago de encargar un proyecto para eliminar estos obstáculos. Peor es Dozón: su consistorio carece de ascensor, y el gobierno busca ahora una ayuda para poder instalarlo. Hasta hace poco, tampoco lo había en el CEIP de Silleda.
Pero hay otras barreras de las que todavía la sociedad es aún menos consciente. Son las trabas con las que se encuentran las personas con discapacidad intelectual. La presidenta de Aspadeza, Ángeles Baldonedo explica que el problema de comprensión no está en las señales de tráfico, sino en los letreros de, por ejemplo, los edificios públicos. Así, los pictogramas serían muy útiles para personas con autismo o que no saben leer a la hora de saber dónde queda una determinada oficina.
Pero algo se ha avanzado ya. En las últimas campañas electorales, varios partidos políticos enviaron su programa en lectura fácil a los votantes con discapacidad intelectual. Por cierto, este colectivo puede votar desde diciembre del año pasado. Hasta entonces, era un juez o un tribunal el que decidía si esa persona tenía las aptitudes suficientes para participar en unas elecciones.
Es uno de los pocos logros que se han conseguido en los últimos años. "Es muy reciente la eliminación de las barreras arquitectónicas en edificios públicos y de la difusión de pictogramas, lectura fácil o incluso la asistencia de un intérprete de signos. Creo que todo este trabajo se está poniendo en marcha en los últimos cinco años", calcula Baldonedo. Pero quedan sobre la mesa otras trabas, como material adaptado en lectura fácil para poder sacarse la teórica del carnet de conducir. Un usuario de Aspadeza está preparando oposiciones, y a través de Fademga Plena Inclusión Galicia puede disponer de material accesible. "Es cierto que cada vez salen más plazas públicas para personas con discapacidad". Hoy mismo, en Silleda la Xunta celebra los exámenes para cubrir 24 plazas de subalterno con personas con diversidad funcional. Pero en la empresa privada, Cogami tramitó sólo 31 ofertas laborales para sus usuarios de Deza durante el año pasado.
