La Asociación Queremos Parcelarias en Agolada exige a la Consellería de Medio Rural que se "decreten de una vez las órdenes para la puesta en marcha de las concentraciones en las tierras que abarca una superficie de 5.000 hectáreas en la orilla del río Ulla y que afecta a 800 vecinos de ocho parroquias". El pasado jueves se movilizaron ante esta consellería y consiguieron finalmente que titular de este departamento, José González, recibiese a miembros de la asociación, una reunión que esperaban desde julio. Además, el colectivo consiguió el respaldo de la Valedora do Pobo.

"Un organismo más nos da la razón y admite a trámite nuestras quejas y de esta forma, le da 15 días a la Xunta para que le aporte la documentación para iniciar el estudio de nuestra queja, y nos dice que tenemos perfectamente razonadas nuestras propuestas", señala el presidente de la asociación, Juan Carlos Sánchez Fuciños.

Para el colectivo es "insuficiente" que Medio Rural incorpore una disposición de ley para garantizar la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental (DIAs) y evitar que caduquen. "Está claro que es una respuesta al trabajo bien hecho desde los vecinos y de la asociación, pero puede llevamos a prorrogar su ejecución a años y ya no estamos dispuestos a esto, porque ya son más de 17 años desde la primera recogida de firmas y 15, desde el inicio de los trabajos, y no nueve como dijo la portavoz del PP hace unos días, por lo que son suficientes para reiniciar los trabajos ya", declara Sánchez. Consideran que esta decisión ahora de la Xunta "es para salvarse ellos, porque esta disposición de ley es su herramienta para justificar ante Bruselas que no perderán los 600.000 euros invertidos". Se pregunta que "pasaría si la Unión Europea sanciona la Xunta por perder este dinero para mejorar las condiciones de vida de una región objetivo uno como es Galicia". Por ello, demanda los decretos inmediatamente. "No queremos esperar a 2021 como insinuó el conselleiro".

Además, critica el reproche recibido por la presencia en la concentración de secretarios generales de sindicatos agrarios. "Incluso, hablando de uno de ellos en términos poco acertados y no acordes a la persona de un conselleiro y mismo nos reprocharon que nuestra problemática haya sido trasladada al Parlamento de Galicia a través de otros políticos". El colectivo deja claro que si "recorremos a estas organizaciones fue porque ellos no nos dieron ninguna respuesta y no buscamos la confrontación ni saber nada de intereses partidistas", recalca.