Móvete destaca que en la pasada legislatura los gastos jurídicos y contenciosos alcanzaron los 225.000 euros, afirmando que la gran parte correspondían a pleitos con el personal de la propia administración. La portavoz, Mar Blanco, atribuye una parte de este gasto a la "mala relación entre gobierno y trabajadores". Añade que desde el departamento de intervención "advierten de continuas irregularidades en la contratación de Asistencia Letrada para actuar en defensa y representación del Concello.