El 13 de diciembre expiran los 10 años de validez que tiene la Declaración de Impacto Ambiental tanto de la concentración parcelaria de Agra-Sexo-Baíña-Val como de la de Berredo-Eidián-Basadre-Ramil. Para llegar a estos trámites en las dos reordenaciones, la Xunta gastó ya 830.000 euros, de los que 600.000 procedían de fondos europeos. De ahí que Queremos Parcelarias intensifique ahora sus demandas para estos dos lotes de parcelarias, así como el inicio del conocido como lote 3, que afecta a las parroquias de Brocos y Sexto.

El próximo paso será elevar una queja ante el Parlamento Europeo, en vista de que "Europa no puede permitir que la ineficacia de ningún gobierno regional entierre 600.000 euros que provienen de los impuestos pagados por todos los europeos y que deben ser destinados a mejorar el nivel de vida de las regiones más desfavorecidas". Queremos Parcelarias adelanta que "no es responsabilidad nuestra si esto puede acarrear una nueva multa de Europa a Galicia".

No será el último paso que de el colectivo que preside Juan Carlos Sánchez Fuciños para reordenar las fincas de la zona norte del municipio. Queremos Parcelarias contactó con la Casa Real para pedir su mediación y el pasado 16 de octubre el jefe de la secretaria de la reina Doña Letizia les comunicó que habían dado traslado para que la Consellería de Medio Rural contactase con el colectivo. De hecho, Queremos Parcelarias lleva esperando desde julio por un encuentro tanto con el conselleiro, José González, como con el director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois.

Desplante de Dubois

En realidad, el colectivo pro-parcelarias lleva ya cuatro años "intentando un diálogo con la Xunta, poniendo todo de nuestra parte para hacer las cosas con consenso y lo único que recibimos son desplantes y desprecios, como el del señor Dubois". En una reunión el 2 de marzo de este año en el auditorio de Agolada, Dubois llegó a decir, según apunta el colectivo, que "sepan ustedes que voy a cobrar lo mismo háganse o no las concentraciones de Agolada o no, y cuantas menos, menos problemas". E colectivo también se topó con otra traba, el voto en contra del PP en el Parlamento Galego para instar a la Xunta a decretar estas concentraciones, pese a que cuentan con 800 firmas de propietarios afectados y el apoyo de sindicatos agrarios.